Desde hace un tiempo, vengo con la idea de dirigirme, a través de esta columna, a la comunidad internacional, a propósito de las elecciones de octubre próximo. Sin embargo, lo acontecido en nuestra porción de Amazonia nos supera, haciendo excluyente abordar en perspectiva esta quema forestal de proporciones dantescas.

Temo, no obstante, que dentro de dos semanas -frecuencia de publicación de mis textos- ya sea demasiado tarde para sensibilizar al concierto de Estados democráticos sobre lo que se está tramando, desde el poder, para liquidar todo vestigio práctica democrática en Bolivia. Por tanto, iré directamente al llamado que tengo para dichos Estados: Hagan un acuerdo para reconocer como Presidente al ganador de entre los candidatos legales -tanto mejor si alguno de éstos es ganador absoluto-. Bien saben que hay un usurpador que ha violado la Constitución y desoído la voluntad popular, expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016. No teman ver afectadas sus inversiones e intereses legalmente certificados. Tengan la certeza de que el Gobierno que, en conjunto, reconozcan, sabrá respetar su seguridad jurídica.

Ahora bien, ocupémonos de la tragedia que vive Bolivia que, aunque no parezca, no está divorciada del llamado hecho previamente. Sostengo esto debido a la renuencia del régimen a solicitar cooperación internacional para las labores de mitigación del incendio y sus consecuencias para el medioambiente (la Pachamama, que tanto dice venerar el usurpador Morales Ayma), las especies animales, la flora tropical y la vida de las personas que habitan la vasta región afectada. 

Finalmente, a regañadientes, el régimen aceptó la ayuda voluntaria, en una posición que puede graficarse como “si quieren manden ayuda, pero sepan que no la necesitamos”, lo que deja entrever no la soberbia -que la tiene- que muchos atribuyen al usurpador, sino una especie de deseo de que el fuego acabe con todo para, como dijo uno de sus operadores, “reforestar con coca” el área.

Para que no quepa duda, me hago eco de lo que voces de distinta procedencia han manifestado: el responsable de esta atrocidad es el régimen, personificado en su cabecilla, por haber emitido normas contrarias a la preservación de la Madre Tierra en consonancia con su política de asentamientos (colonos) y de ampliación de la frontera agrícola. Lo demás es puro intento de desviar la atención. El señor Morales Ayma puede disfrazarse de guardia forestal las veces que quiera; el daño está hecho y no hemos escuchado una sola palabra de mea culpa de parte suya.

Ver el desastre que ocurre en la Chiquitania como algo aislado es engañoso -y hasta conveniente al régimen-. Lo indicado es considerar los hechos que van desde el Tipnis hasta la  Chiquitania, pasando por El Bala, El Chepete, Tariquía y otros atentados en curso, como un continuum que demuestra que Pachamama, Madre Tierra o medioambiente son poco menos que alpargatas para el régimen; que la defensa que hace en foros internacionales es pura retórica. 

Ahí está la mano depredadora del régimen; ahí está el reciente ecocidio. Lo que hace doblemente condenable su acción depredadora es que la pandilla que nos gobierna se montó en el discurso ambientalista (pachamamista, en sus términos) para llegar al poder. Bolsonaro puede ser todo lo detestable que se quiera, pero la diferencia es que la posición de éste siempre fue la de la destrucción del bosque en nombre del progreso -una distorsión del lema patrio brasileño-.

¿Qué queda, entonces? Comenzar a sentar las bases para un juicio de responsabilidades que incluya todos los delitos contra Juan Evo Morales Ayma y sus colaboradores; un juicio ejemplar, para que nadie ose cometerlos en el futuro.