El fuego sigue consumiendo los bosques del país y los políticos en campaña no tienen otra alternativa que ajustar sus agendas y sus discursos, debido a que este tema no solo se ha posicionado en los titulares de las noticias, sino también porque el interés ciudadano está logrando que afloren varios detalles que permiten ir formando un juicio más cabal respecto a lo que está sucediendo y naturalmente con relación a los responsables de esos hechos. Una de las más importantes constataciones fue precisamente la que permitió que sepamos que los chaqueos no eran producto de las practicas usuales de los agricultores y ganaderos, sino que son una consecuencia directa de la política agraria y forestal del Gobierno Central, cuya implementación fue posible con la intervención tanto del Instituto Nacional de Reforma Agraria como de la Autoridad de Bosques y Tierras. De forma que esta lógica propia del capitalismo salvaje, que se fundamenta en el estractivismo y en políticas económicas de corte desarrollista, han hecho evidente para la opinión pública que hay un interés económico directo detrás de la destrucción planificada de las reservas forestales del País. Lo cual es gravísimo para un Gobierno que se mantuvo en el poder utilizando un discurso indigenista, anticapitalista y antiglobalización, que parece estar en contradicción comprobada con los hechos, de ahí que ante las crecientes protestas hasta el propio Presidente Evo Morales se haya visto en figurillas para explicar porque no se abrogan la Ley N° 741 y el Decreto Supremo N° 3973, que dan el marco normativo para implementar tales políticas. Esto naturalmente ha hecho que las acusaciones se multipliquen, la Presidenta del Senado Adriana Salvatierra, ha revelado que la referida Ley N° 741, que autoriza los desmontes de hasta veinte hectáreas en los Departamentos de Santa Cruz y Beni, tanto para las pequeñas propiedades privadas como para las propiedades colectivas comunitarias, fue aprobada por unanimidad en el Senado y estuvieron presentes en esa sesión no solo Senadores oficialistas sino también los opositores. La Conferencia de Prensa de la Senadora Salvatierra ha desatado una serie de reacciones que tienen connotación electoral, porque en el Departamento de Santa Cruz se han multiplicado las críticas contra el Senador Oscar Ortiz quien evidentemente voto por esa ley. Se está cuestionando a todos los que a sabiendas y misteriosamente no se han pronunciado respecto a las políticas en materia de Ordenamiento Territorial que se están aplicando en el país y que evidentemente están en contradicción con la conservación del medio ambiente y el respeto de las Áreas Protegidas. Los indígenas por otro lado se están convirtiendo en los nuevos actores de este drama, tanto los Chiquitanos como los Guaraníes están movilizándose para protestar y han denunciado que sus comunidades han sido afectadas irreversiblemente y por ello se encuentran desesperados. El tema preocupa no solo a los lugareños o a los indígenas, en realidad es una noticia mundial y si bien durante las primeras semanas de la crisis la atención internacional estaba concentrada en la Amazonía Brasilera, hoy con mayor fuerza se está hablando de lo que sucede en Bolivia. El mensaje que algunos no entienden, es que este asunto concierne a la humanidad y la destrucción de las selvas no es algo que tenga que ser decidido por un gobierno a espaldas del Pueblo, aunque lo decidido haya sido consensuado con intereses corporativos, porque estamos hablando del futuro e incumbe tanto a las generaciones presentes como a las futuras.