2020 será también un intenso año electoral por la convocatoria de elecciones municipales y departamentales. Una carrera que ha empezado con mucho tiempo de anticipación e incluso, en los lugares donde gobierna la oposición, es difícil determinar cuando acabó una y empezó la otra.

En el caso particular de Tarija, el Gobernador Adrián Oliva tuvo poco margen de movimiento, apenas los primeros seis meses desde que ganó la elección en mayo de 2015 hasta que arrancó la campaña por el referéndum del 21 de febrero de 2016. Y ni siquiera, pues los propios aliados de Unidad departamental Autonomista le empezaron a exigir desde el minuto cero que se estrellara con fuerza contra el Gobierno de Evo Morales, hasta el punto de exhibir las discrepancias en público y en redes sociales en un tono muy alto.

Con muchas penurias, el hueco se fue tapando con fideicomisos y créditos privados – lo mismo que recomendaban en 2016 los intelectuales masistas en Tarija – dos años después, aunque cada uno de ellos costó una infinidad

Oliva acabó pronunciándose por el No, después vinieron dos años de tortuosa negociación para que el Gobierno nacional aflojara la mano y concediera alguna salida a la trampa que se había ceñido sobre Tarija en la gestión de Lino Condori, con más de 7.000 millones de bolivianos comprometidos en obras a simple certificación de disponibilidad presupuestaria y que, hasta hoy, no se pueden pagar por la reducción de precios del hidrocarburo primero y de los volúmenes de venta después.

Con muchas penurias, el hueco se fue tapando con fideicomisos y créditos privados – lo mismo que recomendaban en 2016 los intelectuales masistas en Tarija – dos años después, aunque cada uno de ellos costó una infinidad de reuniones, acuerdo y cesiones con alcaldes y subgobernadores, quienes tenían el problema encima al haber licitado por encima de las posibilidades financieras.

Por el medio se aprobaron instrumentos como la Ley del 8 por ciento, que aumentó la presión sobre el circulante, aunque se fueron eliminando diferentes obras de dudosa utilidad. Lo cierto es que el Ministerio de Planificación y el de Economía supervisaron con destreza la gestión de Oliva y evitaron abrir proyectos nuevos, salvo los de extrema necesidad, como la Planta de Tratamiento de San Blas, para concentrarse en acabar lo que Lino Condori había dejado en herencia. Herencia que Oliva, evidentemente, ha sabido rentabilizar políticamente.

En esas hemos llegado a puertas de septiembre de 2019, fecha en la que habrá que remitir el presupuesto del electoral año 2020 al nivel central para su consolidación y posterior aprobación.

Los techos siguen en caída libre, esta vez no por el precio del hidrocarburo, aunque el barril esté unos cinco dólares por debajo de los 60-65 que se preveían, sino por la reducción de volúmenes de venta a la Argentina.

Una vez más es tiempo de ajustarse el cinturón, pero por lo visto nadie está dispuesto a ser muy solidario. Los municipios se apresuran a debitar – de acuerdo a ley – antes de que la liquidez lo haga imposible; otros incluso plantean iniciar nuevos proyectos, otros no están dispuestos a recortar un solo boliviano de sus presupuestos sin cargarle la responsabilidad política al Gobernador, y otros, con mucho decorado, recortan un millón de bolivianos en la Asamblea más cara del país.

El asunto está complejo, pero el llamado a la solidaridad y la concertación se hacen por demás necesarios.