Hace no mucho tiempo, las campañas electorales tenían que tratar un tema de manera directa: el de la lucha contra las drogas. La presión internacional, expresada en reuniones presidenciales, conferencias, acuerdos y convenios, obligaba a todos los partidos y candidatos a definir una posición. Los conflictos sociales también situaban el tema en un lugar central de la agenda política. ¿El consumo de drogas es un problema o más bien el reflejo de algunos problemas? ¿Es más eficaz erradicar los cultivos o regularizarlos? ¿Debe reprimirse al consumidor o legalizarse el consumo? ¿Es más eficiente controlar el tráfico internacional de drogas o la venta al detalle? ¿Puede legalizarse la coca pero combatir la cocaína? ¿En políticas, hay que diferenciar las drogas blandas de las duras?

Los dilemas eran incontables y angustiaban a partidos y candidatos. Una respuesta podía ganar adherentes en un lado y adversarios en el otro. Algunos ensayaban el equilibro mientras otros afianzaban posiciones radicales. Era un tema sin duda difícil porque en él convergían cuestiones relacionadas con la agricultura y los cultivos en zonas de recepción migratoria, el valor cultural y simbólico de la hoja de coca para amplios sectores de la población, la vinculación de la producción y el tráfico de cocaína con redes ilegales de contrabando, lavado de dinero y crimen organizado, los costos que el control de precursores imponía sobre las industrias formales, los conflictos sociales y políticos de la erradicación, la corrupción en los organismos policiales y judiciales. Todo un desafío.

En la campaña 2019 el tema parece haberse desvanecido. Algunos simplemente lo ignoran y en otros se encuentran apenas algunas líneas sueltas.

El que más espacio dedica a estas cuestiones es el programa del MAS aunque sin mayores novedades. En realidad, reproduce las ambigüedades y los discursos de los años 1990. Como en el viejo slogan de “coca no es cocaína”, la propuesta del MAS diferencia una política hacia la coca, prometiendo al mismo tiempo su revalorización con una cruzada internacional para desestigmatizarla y su erradicación con respeto a los derechos humanos, y una lucha frontal contra ese “flagelo de nuestra economía y nuestra sociedad” que es el narcotráfico. En este tema plantea castigar con el máximo rigor de la ley a los narcotraficantes y fortalecer el rol de las FFAA. Para reforzar esta línea de dureza reproduce datos de los logros alcanzados por el Gobierno entre 2006 y 2018: 157 mil operativos, 318 toneladas incautadas, 57 mil fábricas destruidas. Entre estos éxitos está la destrucción de 111 mil hectáreas de la hoja sagrada que quiere revalorizar.

En el programa de Comunidad Ciudadana la cuestión de la droga aparece como una amenaza a los jóvenes, y vinculada al alcohol y al tabaco. El narcotráfico se presenta como un tema ligado a la cooperación internacional y al control fronterizo, y a la corrupción en el Estado, donde promete “tolerancia cero” a su influencia.

La palabra coca no es mencionada ni una sola vez en el programa de este frente, como tampoco en el de la Alianza Bolivia Dijo No. De hecho, en esta temática no hay prácticamente ninguna diferencia. Las drogas son consideradas un problema para la juventud, el narcotráfico una amenaza a la seguridad ciudadana y la lucha contra las drogas un imperativo internacional.

En el documento del MNR sí hay referencias a la coca, denunciando el uso de la coca del Chapare en la producción ilícita y marcando la tradicional diferencia entre los Yungas, donde proponen legalizar el cultivo, y el Chapare, donde quisieran controlarlo a través de impuestos. La UCS tampoco le da importancia al tema pero sí avanza con audacia en una propuesta para legalizar los usos medicinales de la coca y de la marihuana, ofreciendo reformas legales que introduzcan una “regulación responsable”, lo que pone a esta candidatura en sintonía con los avances más recientes en EEUU y Europa. Seguramente para evitar malos entendidos, sin embargo, se apresura a proponer una reactivación de la lucha contra el narcotráfico.

La virtual desaparición del tema haría suponer que el problema ha sido controlado.

Los datos dicen lo contrario. Hace 20 años se decomisaba menos de una tonelada al año de clorhidrato, mientras que el 2018 se decomisaron más de siete toneladas. La extensión de los cultivos de coca es mayor que hace dos décadas. La represión se ha vuelto una rutina de más de 13 mil operativos anuales que logran la detención de unas cuatro mil personas.

La lucha contra las drogas ha sido un fracaso en el mundo, pero al parecer nos acostumbramos a convivir con ese fracaso y lo estamos convirtiendo en tradición. Cada año sembramos y erradicamos, destruimos e incautamos pozas, quemamos marihuana y encarcelamos a miles de ciudadanos, llenando nuestras cárceles y juzgados. Y nos hemos aislado completamente del debate mundial sobre este tema. Incluso la OEA de Insulza produjo un informe sugiriendo cambios radicales hacia la despenalización, pero Bolivia se mantuvo al margen del debate e ignoró el tema. Dicen que el avestruz hace lo mismo.