Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: jueves 29 de agosto de 2019
Categoría: Órganos del poder público
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En el informe denominado “Proceso de fiscalización sobre trámites realizados en la Curva de Holguín”, Chacón estableció que mediante ese acuerdo la Alcaldía de La Paz le reconoce a Saavedra una propiedad de 47.710 metros cuadrados, cuando éste solo acreditó la propiedad de 33.716 metros cuadrados.
Es decir, una demasía de 13.994 metros cuadrados, los cuales eran de propiedad municipal, con lo cual ese acuerdo representa una afectación al patrimonio paceño de millones de bolivianos.
El acuerdo se enmarcó en un informe conjunto presentado por todas las reparticiones municipales, “que plantea varias irregularidades y reitera que Edwin Saavedra Toledo incrementó, sin respaldo legal, la extensión del derecho propietario que había adquirido con la escritura pública Nº 481/1994”.
A pesar de esta advertencia, Revilla igual suscribió el compromiso con Saavedra.
“Con este informe se empieza a construir una legalidad aparente que en el futuro dará por cierto que Edwin Saavedra Toledo tendría en el sector 47.710 metros cuadrados y no solo 33.716 metros cuadrados”, apuntó Chacón en su investigación.
Además advirtió que la Carta Acuerdo Bipartito, que rubricó Revilla, “ya no observa la superficie del derecho propietario de Saavedra Toledo”.
Añadió que “no refiere nada sobre los graves cuestionamientos de 2000 y 2001 realizados en la gestión del Juan del Granado y mucho menos hace referencia al informe conjunto de agosto de 2011”.
Ese documento, considerado como el origen de las irregularidades en el caso World Trade Center, “establece que la altura máxima sería de 18 pisos y una superficie máxima de construcción de 146.000 metros cuadrados, desconociendo los patrones de asentamientos establecidos para la zona en un máximo de seis pisos”.
Chacón aseguró que esos patrones “no pueden ser modificados a través de un convenio, sino por una ordenanza municipal”.
Tres años después, el Concejo Municipal aprobó la Ordenanza Municipal 538/2016, el 15 de diciembre de 2016, mediante la cual modifica el uso de suelos de la Curva de Holguín de aires de río (AR, no edificable) a equipamiento (EQ, edificable).
Con esa norma municipal se consolidó lo que antes, en la Carta Acuerdo Bipartito, ya había sido mencionado.
“El Alcalde no podía asumir compromisos como los que contrajo sin conocimiento del Concejo Municipal y su aprobación, pero lo hizo”, afirmó Chacón en el documento de fiscalización.
A su juicio, por esa razón, Revilla “evitó llamar al acuerdo, convenio o contrato, y en cambio lo denominó Carta Acuerdo, para no tener que remitirlo al Concejo Municipal”.
Para la legisladora municipal, al permitir la ampliación irregular de la superficie en la Curva de Holguín “se causa un daño económico al Estado de varios millones de bolivianos y se permite que Saavedra incremente su patrimonio a expensas del municipio”.
Cuatro años después, el alcalde Luis Revilla rubrica un convenio con Edwin Saavedra, el 9 de agosto de 2017, mediante el cual aprueba y autoriza el proyecto inmobiliario denominado World Trade Center, con todas las irregularidades originadas en 2013 en la Carta Acuerdo Bipartito.
Finalmente, ese convenio se consolida con la ordenanza 500/2017, de 19 de diciembre de 2017, que legaliza todas las irregularidades denunciadas por Chacón.
Este informe de fiscalización fue entregado por la concejala de SOL.bo al pleno del Concejo Municipal con la intención de que se realice “una investigación exhaustiva que conduzca a la restitución de la propiedad pública ilegalmente ocupada por Edwin Saavedra”.
Mediante el documento, Chacón solicitó la “determinación de responsabilidades y sanciones contra Edwin Saavedra Toledo y las personas involucradas en los hechos identificados”.
El texto también fue remitido a la justicia, que inició una investigación por el caso World Trade Center, en el que se determinó la detención domiciliaria del concejal de SOL.bo Fabián Siñani.
Este caso se inició con una denuncia presentada por la diputada del MAS Betty Yañíquez, quien sindicó al concejal Siñani de un presunto favorecimiento a la empresa Tersa SA, que administra el relleno sanitario de Alpacoma y que es de propiedad de Edwin Saavedra.
Fiscalía citó a declarar a exalcaldes y concejales
La Fiscalía Departamental de La Paz convocó a declarar, en calidad de testigos, a cuatro exalcaldes: Omar Rocha, Juan del Granado, German Monroy Chazarreta y Lupe Andrade, además de los miembros del Concejo Municipal, en el caso denominado World Trade Center.
El alcalde Luis Revilla también fue llamado para brindar información, así como el secretario municipal de Planificación, Javier Arroyo.
Ese caso se abrió a denuncia de la diputada Betty Yañíquez y se amplió a raíz de las pruebas sobre irregularidades presentadas por la concejala de SOL.bo Cecilia Chacón.
Maricruz Medrano, la esposa del concejal suspendido Fabián Siñani, también fue convocada a declarar por el Ministerio Público, lo mismo que el empresario Edwin Saavedra.
Debido a estas denuncias, el alcalde Revilla anunció que dejó sin efecto el convenio que rubricó con Edwin Saavedra para viabilizar la construcción del proyecto arquitectónico y complejo de edificios World Trade Center; sin embargo, sigue vigente la ordenanza 500/2017, del 19 de diciembre de 2017, que refrendó el último acuerdo firmado el 9 de agosto de 2017.



