¿El motivo? Parece increíble, pero fue la serie de mis críticas positivas y negativas a la nueva Constitución Política del Estado aprobada en la Asamblea Constituyente. Había difundido por los medios de comunicación mis puntos de vista adversos a varios artículos de la Constitución, pero junto a mis acuerdos con los aspectos positivos. El Gobierno lo entendió solo como crítica negativa y permitió el ataque contra mi familia. 
El día anterior fui al Ministerio de Gobierno y, “por órdenes superiores”, no me permitieron hablar con alguna autoridad ni recibieron mi carta de solicitud de protección policial ante el anunciado ataque de personas allegadas al Gobierno del MAS. La noche anterior al fatídico sábado, en un canal de televisión, pedí de forma pública al entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, protección policial. El Ejecutivo guardó un sospechoso silencio y, al día siguiente, un grupo de policías llegó cerca de mi vivienda horas después de consumado el ataque. Durante varios días no desocuparon a los asaltantes. Pasaron unas tres semanas para que, por cansancio, los avasalladores abandonen mi vivienda hasta hoy. ¡Nueve años de impunidad de los asaltantes!

Durante las sesiones de la Asamblea Constituyente y antes del referéndum constitucional, por ejemplo, hice notar que nuestra Constitución Política del Estado era la única construida bajo el principio de la ‘ciudadanía étnica’ y no la ‘ciudadanía política’, como ocurre en el mundo entero. Además, el texto constitucional diseña ciudadanías étnicas diferenciadas: ciudadanía de primera si son indígenas, originarios y campesinos; de segunda, si son indígenas de ciudades; de tercera si son afrobolivianos y de cuarta si son mestizos o criollos, sin origen indígena, es decir, derechos y deberes diferenciados.

No sirvió de nada poner como ejemplo el caso de Sudáfrica, donde Mandela unificó su país bajo el principio de una ‘ciudadanía sudafricana’, sean negros o blancos, es decir, una ciudadanía política, con iguales deberes y derechos para todos. 

Otro tema fue el voto popular como mecanismo privilegiado para la designación de jueces y magistrados. Tales cargos no deben ser electivos porque un juez y un magistrado solo deben rendir cuentas ante la Constitución, la ley, sus principios y su conciencia, no ante sus electores. El Gobierno del MAS, con una terquedad injustificable, impuso el voto popular dos veces –2011 y 2017– para ratificar una preselección mañosa y partidista. Alguien dijo que el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos o tres veces en la misma piedra.

Tampoco estuve de acuerdo con el diseño de un Poder (el Ejecutivo) superior a los otros tres órganos, ya no poderes (Legislativo, Judicial y Electoral) ni la ambigüedad de las 36 lenguas y naciones. Sin embargo, apoyé desde un principio el reconocimiento a varios derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y del medioambiente. Lo mismo, la disposición de gobernar dos periodos contiguos, sin lugar a la reelección indefinida.

Una perla: Eugenio Rojas, justificador de la tortura policial y colgador de perros, fue premiado con los cargos de senador, director del Fondo Indígena y ministro. ¡La justicia tarda, pero llega!