Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: jueves 29 de agosto de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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La Contraloría denunció a seis concejales por no haber enviado a la comisión de ética al alcalde electo José María Leyes en 2018 por las presuntas irregularidades en la adjudicación del desayuno escolar de 2017, según el documento presentado por el gerente Julio Guerra, el pasado 31 de julio.
La Contraloría inició el proceso “por los hechos irregulares que se habría cometido en el procesamiento de la denuncia por presunta responsabilidad administrativa del Alcalde”.
En criterio de la Contraloría, la conducta de los concejales de esa gestión: Iván Tellería, Karen Suárez, Carlos Coca, Édgar Gainza, Andrés Palacios y Edwin Jiménez “podrían configurar la comisión de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes prevaricato”.
El proceso se originó en un informe de la Controlaría de 23 de mayo de 2017 que hizo tres observaciones y recomendó procesar a Leyes por presunta vulneración de normas.
Como primer punto, la Contraloría observó “la incorrecta valoración de la propuesta técnica en el lote número 2 de la comisión calificadora”, pues se detectó que seis ítems de productos líquidos no contaban con el registro sanitario. Por ello, no cumplían con los requisitos para la adjudicación.
El segundo punto cuestionó el lote número 3, referido a 14 alimentos sólidos que tampoco tenían registro sanitario. Finalmente, se observó la contratación por 57 millones de bolivianos sin que existan los respaldos de los precios referenciales. Entonces, el Sedem denunció que algunos productos de Soalpro no tenían registro sanitario.
La Contraloría cuestiona que los concejales no hayan ingresado al tema de fondo y hayan rechazado la denuncia, porque no se consignó el domicilio procesal. Y que luego de una nota reiterativa hayan pedido una auditoría especial a la adjudicación, pero no haya derivado el caso a la comisión de ética.
Defensa
“El que nada debe, nada teme”, dijo ayer el concejal Carlos Coca sobre la denuncia y advirtió un intento de perjudicar a los legisladores que tienen la intención de participar en las próximas elecciones municipales.
Explicó: “Nosotros hemos votado a favor de la Contraloría para que enmiende un error, porque no había identificado su domicilio procesal y en cinco días pueda volver a ingresar su trámite”.
El concejal Edwin Jiménez manifestó que se encuentra revisando la documentación de este proceso y recién después se pronunciará. La concejala Karen Suárez expresó que sus actos se respaldan en informes técnicos y legales. Los seis concejales fueron convocados a declarar por el fiscal Freddy Achá el viernes 30 de agosto.
“Hemos obrado de acuerdo a reglamento y lo vamos a demostrar”, concejala Karen Suárez.
SUÁREZ DICE QUE CUMPLIERON NORMA
La concejala Karen Suárez (Demócrata) explicó que las recomendaciones de la Contraloría sobre la presunta contravención de normas en la adjudicación del desayuno en la gestión de Leyes se atendieron de acuerdo al reglamento del Concejo Municipal y de la comisión de ética.
“Por lo que recuerdo, la Contraloría envió una nota y hemos actuado de acuerdo a procedimiento”, dijo y siguió: “La denuncia llega a la directiva y se deriva a la unidad legal para su análisis. Si corresponde, se deriva o no a la comisión de ética con conocimiento del pleno. Luego, la comisión elabora informe y se vota”. En este caso, el informe de la comisión no alcanzó los votos necesarios para su aprobación.
Sin embargo, la Contraloría observa que no se haya tratado el tema de fondo y sólo se abordara el asunto de forma.