El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y un candidato a la presidencia plantean un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por biocidio y ecocidio, por los incendios en la Chiquitanía
Contenido
Observan el DS 3973, amplía la frontera agrícola y fue promulgado por el primer mandatario el 10 de julio. “Corresponde el proceso”, coinciden.
Pobladores y bomberos combaten el fuego. Foto: Gaston Brito / Página Siete
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y un candidato a la presidencia plantean un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por biocidio y ecocidio, por los incendios en la Chiquitanía
Afirman que el Decreto Supremo 3973, que promulgó el 10 de julio de 2019, que amplía la frontera agrícola, es causa de los incendios forestales que consumen la Amazonía nacional.
“Los antecedentes son gravísimos, constituyen delitos, incluso las leyes que se aprobaron (…). Todos estos actos van a constituir como evidencias para que se pueda elaborar un juicio de responsabilidades contra Evo Morales, como manda la historia. Estamos en condiciones de llevar adelante”, declaró el ex Defensor del Pueblo y miembro del Conade, Rolando Villena.
En criterio del senador y candidato a la presidencia Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No, “corresponde procesar muchas responsabilidades”, pero en este momento lo que urge es apagar los incendios. “Hoy se tiene que ver cómo concentrar los esfuerzos para acabar con el incendio e inmediatamente buscar todas las cuentas que haya que demandar, todos los procesos que haya que iniciar”, manifestó.
Ante esas posturas, el canciller Diego Pary afirmó que no le inquieta lo que la oposición piense, porque el Gobierno está concentrado en apoyar a la población afectada, en atender los requerimientos y en canalizar la cooperación internacional, con el objetivo de aplacar el fuego. “No nos preocupa lo que la oposición piense, porque la oposición lo único que está haciendo es hacer política con el desastre que está sufriendo la región”, dijo.
Carlos Mesa, aspirante a la silla presidencial de Comunidad Ciudadana, afirmó que debe investigar la lógica de las normas que el Gobierno aprobó. “Se tiene que hacer un análisis, los resultados son tan debastadores, dramáticos. No hay por dónde perderse, aquí lo que estamos viviendo es la sucesión de varios años de una política irresponsable con relación al medioambiente”, sostuvo.
La pasada semana, 21 organizaciones de la sociedad civil, mediante un pronunciamiento, rechazaron el Decreto 3973; ayer fueron 80 las entidades que se sumaron al pedido. El diputado opositor Grover Huanca planteó una acción abstracta de inconstitucionalidad para dejar sin efecto las disposiciones de esa norma.
El senador opositor Yerko Núñez pidió al Senado abrogar ese decreto y la Ley 741, del 29 de septiembre de 2015, que autoriza el desmonte.
Las normas cuestionadas
Normas Piden la abrogación de la Ley 741, del 29 de septiembre de 2015, que autoriza el desmonte hasta en 20 hectáreas, para “Pequeñas Propiedades Comunitarias o Colectivas para Actividades Agrícolas y Pecuarias”; y el Decreto Supremo 3973, promulgado el 10 de julio de 2019.
Estudio El Colegio de Biólogos de La Paz alertó ayer que los últimos incendios registrados en el área de la Chiquitanía son una muestra de que en las últimas décadas, en Bolivia, se hizo un manejo político e irresponsable de la tierra y gestión ambiental, informó ANF.
Apoyo La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofrecieron ayer 350 mil dólares para mitigar los efectos de los incendios que se registran en la Chiquitanía.
