“El Gobierno castigó a los cocaleros de los Yungas, a cooperativistas mineros, a pobladores de Achacachi. Ellos determinaron que todos, en conjunto, castiguemos ahora al presidente Evo Morales dando el voto castigo”, afirmó Quispe.

El dirigente expresó  que los integrantes de esas organizaciones, que ahora forman parte de la Csutcb paralela, están “arrepentidos” de haber brindado su apoyo a Morales en las elecciones anteriores. Su desacuerdo -subrayaron- se expresará en las urnas, el 20 de octubre.

 Jacinto Herrera, ejecutivo de la Csutcb, dijo que El Mallku está en todo su derecho de realizar cualquier convocatoria, pero indicó que la  organización que lidera apenas llega a   50 integrantes. Agregó que los exdirigentes como Quispe  “nunca” apoyaron a Morales en las elecciones, porque ellos eran candidatos rivales, así que “su voto no resta”. 

Herrera sostuvo: “Todos los bolivianos saben cuál es nuestra posición.  Evo Morales es afiliado de la Csutcb y por ende nosotros vamos a trabajar apoyándolo. Ese es el mandato que nos dio la base. Estamos en contacto con los ejecutivos de los nueve departamentos y tenemos que seguir trabajando”. 

Herrera recordó que por el momento hay una pausa en la campaña, y  que como Csutcb  colaboran a las operaciones en la Chiquitanía.

El Mallku informó que  solicitarán a instancias internacionales de derechos humanos  colaboración para lograr la liberación de dirigentes encarcelados durante los 13 años de Gobierno, considerados como “presos políticos”. Además, anunció que se gestionarán “garantías de retorno al país” para representantes sindicales que tuvieron que huir de la persecución.

Quispe aclaró que, por el momento, no está  planificado que la Csutcb paralela llame a  movilizaciones. Sobre la convocatoria de los cívicos a un paro indefinido, dijo que la medida debe ser analizada, porque puede resultar un arma de doble filo, “ya que el Gobierno puede postergar las elecciones bajo el argumento de que no hay garantías y Morales seguiría en el poder”.

 Desde su punto de vista, el Ejecutivo dividió a  varias  organizaciones  sociales, “que empezaron a cuestionar su gestión, descabezando a su dirigencia para formar organizaciones paralelas a su servicio”.

  La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, el Consejo de Ayllus y Marqas del Qullasuyo, la Asociación Departamental de Productores de Coca y ahora la Csutcb, son algunas de las organizaciones sociales que tienen dos dirigencias. Una contestataria y otra afín al MAS.