Basta con traer a la memoria la burla y falta de respeto a la institucionalidad democrática desconociendo cínicamente los resultados del Referendum del 21F, procurando desde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una sentencia que, bajo el ropaje de la formalidad legal, desconoce el fundamento de la democracia reconocida constitucionalmente: la voluntad soberana del pueblo.

A ello se suma un Órgano Judicial parcializado con el poder político, ineficiente y corrupto, que devela una honda crisis en el sistema de administración de justicia en el país; empeñado en perseguir, juzgar y condenar voces críticas con el gobierno e incluso encarcelar a inocentes.

Por si fuera poco, el Tribunal Supremo Electoral, que se supone es un Órgano independiente no ha tenido rubor en obrar en favor de las consignas del gobierno, habilitando a un binomio presidencial ilegal en desmedro de la voluntad de la mayoría de la población, organizar unas elecciones primarias que , además de inútiles, han resultado en una suerte de plebiscito para el actual gobernante y con un respaldo inferior a sus expectativas, y han significado un derroche de casi 27 millones de bolivianos, para luego validar cualquier candidatura no elegida en votación.

A esta serie de actuaciones inescrupulosas se suma el terrible daño que están ocasionando los incendios forestales en la Chiquitanía y otras regiones de la Amazonía boliviana y que no tienen como responsables únicamente a quienes hayan podido ocasionar las quemas, fuera de control, sino a quienes han dado su beneplácito para que esto suceda.

El 9 de julio el actual presidente firmó el Decreto Supremo (DS) 3973, que modifica el anterior DS 26075, señalado literalmente “En los departamentos de Santa Cruz y Beni se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias que se enmarquen en el manejo integral sustentable de bosques y tierra (...). En ambos departamentos se permite la quema controlada de acuerdo a reglamentación vigente en las áreas clasificadas por el Plan de Uso de Suelo (PLUS) que así lo permitan".

Tal atropello está generando no sólo los incendios –en los que intervienen múltiples factores- sino daños socioambientales, pues a la vez que se facilita y permiten los desmontes para ampliar la frontera agrícola e implantar monocultivos útiles al agronegocio, se autoriza también el desmonte de tierras comunitarias (es decir de aquellas que son tituladas para comunidades indígena originario campesinas)., sin respetar sus derechos y aprobando el extractivismo a mansalva.

Los discursos sobre los derechos de la Madre Tierra, los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, contra el cambio climático y demás son solamente discursos vacíos de contenido real y efectivo, y que lamentablemente están ocasionando un ecocidio y biocidio.

Es oportuno preguntarse ¿al actual gobierno realmente le importa la vida en todas sus dimensiones? Ante la evidencia de tales atentados contra la vida democrática y la naturaleza no es posible callar ni cabe la neutralidad.