Después de varios intentos por concretar la histórica demanda marítima, el 1 de octubre del 2018, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -por 12 votos contra 3- concluyó que la República de Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia. Así de concisas fueron las palabras del juez, Abdulqawi Ahmed Yusuf, quien leyó el fallo de la CIJ con sede en La Haya, Holanda.

Este hecho cerró una puerta de gran importancia para la reivindicación marítima que persiste en la memoria de Bolivia, sin embargo, las organizaciones políticas que presentaron sus planes de gobierno rumbo a las elecciones del 20 de octubre, no dejaron a un lado la búsqueda de una salida soberana al mar. Al cierre de esta semana, el diario El País, como vino realizando el último mes, presentará comparaciones específicas entre los programas de gobierno de los partidos que están al tope de las encuestas. En esta ocasión se analizará la salida de Bolivia al mar.

El partido de Gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló que el acceso soberano al mar es un asunto de Estado. La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 267, define que Bolivia declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo.

Para el 2020-2025 el MAS considera reforzar la diplomacia de los pueblos, socializar de manera internacional las conclusiones de la CIJ sobre el tema marítimo, posicionar el Puerto de Ilo como salida alternativa al Pacífico, desarrollar y aprovechar el Puerto Busch y de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Ceapb-Hpp), como medio de acceso al Atlántico, continuar con la defensa de la demanda internacional sobre las aguas del Silala.

Además, propone posicionar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la necesidad de una solución pacífica al tema marítimo de Bolivia, entre otras estrategias específicas sobre acercamientos con Chile y otros países.

El plan de gobierno que presentó Comunidad Ciudadana (CC), en los puntos 267 y 268, reafirma su compromiso con la reivindicación y reintegración marítima de Bolivia en el Pacífico. Además, pretende crear el Instituto Boliviano del Mar (IBM) como una institución autónoma que promueva el desarrollo de capacidades en materia de gestión de puertos, transporte mercante, pesca marina, oceanografía, historia y economía, así como formular estrategias de negociación. Sin embargo, no especifica qué tipo de negociación y su contenido ni los países con los que se pretende realizar estos acercamientos.

En el programa de Bolivia Dice No (BDN) se expone que se revisará y actualizará la política de reivindicación marítima, en el escenario post fallo de la Corte de La Haya, como una cuestión de interés permanente e irrenunciable de Bolivia y alrededor de la cual deberá gestarse el más amplio consenso político y social.

Por su parte, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), dentro de su plan de gobierno, no se enfoca en políticas para la recuperación del mar, pero nombra políticas económicas y diplomáticas que fomenten la integración económica y productiva con Chile, especialmente en el norte de dicho país.

La organización política Movimiento Tercer Sistema (MTS) también propone la recuperación del mar. En el punto 84 de su plan de gobierno se replantea la estrategia para una salida al mar. “Exportaremos nuestros productos por el océano Pacífico y el Atlántico mediante acuerdos de acceso con Chile y Perú (proyecto Ilo), las rutas hídricas de la Cuenca de la Plata y Puerto Busch.

Las otras alternativas por una salida al mar

Más allá del diferendo con Chile, otras opciones que se plantean para que Bolivia tenga acceso al mar son tratados con Perú, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. En 1992, Bolivia y Perú firmaron un tratado por el cual el Puerto de Ilo, una franja costera de cinco kilómetros al sur del territorio peruano, fue cedido por 99 años. Por otro lado, una alternativa más antigua es una salida al Atlántico gracias a un tratado firmado con Paraguay en 1937, por Puerto Buchs.