Tres diputados opositores demandaron un juicio de responsabilidades en contra de Omar Michel, decano del Consejo de la Magistratura; Carlos Egüez, del Tribunal Supremo de Justicia; y Gonzalo Hurtado, del Tribunal Constitucional. El trámite ya empezó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), informó a La Razón que los legisladores Lourdes Millares, Wilson Santamaría y Rafael Quispe (UD) interpusieron la denuncia en contra de esas autoridades judiciales por delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, consorcio de jueces y abogados, y prevaricato.

“La Comisión de Justicia ya recibió esa denuncia y la remitió al Comité de Ministerio Público, donde empieza la fase de investigación preliminar y se notificará a ambas partes para que presenten sus descargos”, explicó.

Borda precisó que hay un plazo de 60 días para tener un informe de esa instancia investigadora. Si hay un sobreseimiento, se archivarán obrados, pero si hay acusación, se remite al pleno de Diputados, donde, por dos tercios, se podrá aprobar el pliego acusatorio para instalar el juicio de responsabilidades en contra de los tres magistrados.

De darse ese extremo, Michel, Egüez y Hurtado —de manera inmediata— deberán ser suspendidos de sus cargos y el pliego acusatorio pasa al Senado, que en juicio de responsabilidades, se constituye en la instancia juzgadora.

El 12 de agosto, se comenzó a difundir un audio que da cuenta que Omar Michel, junto con su hermano Juan, supuestamente presionan a la jueza Minerva Tárraga para que falle a favor de un presunto feminicida, quien luego se benefició con la cesación de su detención preventiva.

 Ante este crítico escenario, el ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió al magistrado Michel que solicite su licencia para someterse a la respectiva investigación.

En tanto, sobre Egüez pesa una denuncia por presunto fraude electoral y manipulación de adjudicaciones de empresas que ofrecen servicios al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni.

Mientras que el magistrado Hurtado tiene una supuesta vinculación con el procesado por narcotráfico Pedro Montenegro.

Ahora, el Comité de Ministerio Público, que depende de la Comisión de Justicia, empezó la fase de investigación, la misma que puede durar entre 20 a 25 días.

En última instancia, la Cámara de Senadores deberá enjuiciar a los tres magistrados, sobre la base del principio de juicio oral y público, como dispone la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades para Altas Autoridades Nacionales.

Juicio. “Ya se ha asumido jurisdicción y competencia sobre este caso, independientemente del ámbito judicial, pues las máximas autoridades judiciales, según dice la Constitución Política, son juzgadas por la Asamblea Legislativa por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Los delitos comunes son juzgados por el Ministerio Público”, insistió Borda.

En ese marco, el pleno de la Cámara de Diputados aguarda la investigación que realiza el Comité de Ministerio Público, que puede derivar en la suspensión de los magistrados y su juzgamiento. 

Revilla niega ‘cuoteo’ y se abre a auditoría

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, negó haber sido parte de un ‘cuoteo’ (repartición de cargos públicos en el Órgano Judicial) y se abrió a una auditoría para establecer posibles anomalías en la designación de jueces.

“Que esto se investigue y si hay que hacer auditorías, que se hagan hasta encontrar a estas personas que están traficando con influencias”, afirmó ayer Revilla, luego de declarar, en calidad de testigo, por el caso que se abrió tras la difusión de un audio en el que Juan Michel, el hermano del consejero de la Magistratura Omar Michel, insinúa que se repartió la designación de jueces con el TSJ.

En la grabación se da cuenta de una repartición “mita a mita” de los cargos entre el consejero Michel y Revilla.

“En el audio hay una mención tal vez de 10 segundos a mi persona, en la cual una señora dice que Revilla tiene contacto con Michel y presuntamente Juan Michel dice ‘va a ser mita a mita’. ¿De ahí puede deducirse que hay un cuoteo? Absolutamente no, por eso corresponde una investigación”, insistió el Presidente del TSJ.

Ante esta situación, el ministro de Justicia, Héctor Arce, sugirió a la Magistratura que se haga un proceso “limpio y transparente”, al igual que el de los notarios, “con la participación de intelectuales y profesionales, incluso del orden internacional, porque realmente el descrédito de la Justicia en cuanto a la elección de jueces, autoridades y funcionarios es lamentable”.

El martes, Revilla denunció este hecho ante la Fiscalía y, en ese marco, demandó identificar a quienes propician los presuntos ‘cuoteos’.

El miércoles, Juan Michel fue aprehendido por el caso de supuestas presiones a una jueza para favorecer a un presunto feminicida.

(23/08/2019)