La Alcaldía paceña ha cometido varias faltas en este sentido: por una parte no previó que esta situación podría suceder, confiando en que el relleno todavía podía recibir desechos por unos años más. Segundo, no supervisó adecuadamente las tareas de la empresa Tersa, encargada de administrar el relleno y que es de propiedad del empresario Edwin Saavedra, que también tenía relación con la Alcaldía por la denominada Curva de Holguín.

Pero, no sólo la gestión de la Alcaldía ha cometido faltas en este caso. También el oficialismo ha interferido la posibilidad de que se lleguen a acuerdos, con la idea de dañar políticamente al alcalde Luis Revilla, aliado además de Carlos Mesa, candidato presidencial.

Las inquinas políticas entre Sol.Bo, que administra la Alcaldía de La Paz, el MAS y un tercer actor, como es el gobernador del departamento, Félix Patzi, han impedido que se pueda debatir sobre este tema de manera razonable y responsable. Es usual, y hasta comprensible, que los políticos maniobren para conseguir ventajas y afectar a sus rivales. Pero el recojo de la basura, con su relación directa con la salud de la población, no puede ser parte de la disputa.

Paralelamente a todo ello, existe una evidente presión del oficialismo contra Revilla en los planos judicial y político, con la evidente intención de debilitar su gestión.

El alcalde masista de Achocalla, Dámaso Ninaja presionó a La Paz para que, en un plazo muy breve, dejara de usar ese botadero. La Alcaldía acaba de conseguir, resolviendo muchos obstáculos, 18,75 hectáreas en Sak’a Churu, frente a Alpacoma, para instalar allí el nuevo botadero. La burocracia hizo que demorara la autorización ambiental para el traslado, pero ante la emergencia Revilla resolvió utilizar el nuevo relleno de todos modos. La situación así lo obliga. La ciudad no puede no tener un lugar donde depositar los desechos, los riesgos sanitarios y de otro tipo, que,  sabemos, son enormes.

Y en el colmo de la incongruencia, el alcalde Ninaja, quien amenazaba con bloquear el ingreso a Alpacoma debido a que ese relleno estaba llegando al fin de su vida útil, ahora amenaza también con cerrar el nuevo, el de Sak’a Churu.

Las presiones contra Revilla no se detienen ahí. Varios representantes masistas han iniciado contra él acusaciones por el deslizamiento y, de manera imprevista, también dirigentes mineros de la Chojlla, que no tiene nada que ver con el problema, presentaron ante el Tribunal Constitucional una “acción constitucional” contra un anterior bloqueo de Alpacoma. Los magistrados encargados, Gonzalo Hurtado y René Espada, analizaron el caso cuando el bloqueo había sido suspendido, pero aún así emitieron un fallo, que no tenía que ver con el pedido de esa “acción constitucional”.

Ambos magistrados establecen acusaciones penales contra el Alcalde, pese a que no se ha realizado todavía la auditoría ambiental que establezca las causas y daños ocasionados por el deslizamiento. Además, en un claro desconocimiento de la norma, señalaron que la Alcaldía debería realizar esa auditoría, cuando es el Ministerio de Medio Ambiente el responsable. 

Por otro lado, el fiscal Marco Antonio Rodríguez, de mal recuerdo ya que fue el encargado del “caso terrorismo”, está a cargo de ver otra acusación contra Revilla, esta vez presentada por Ninaja. El fiscal ha pedido el arraigo y la detención domiciliaria de Revilla. Todo esto, sin que se sepa todavía si tiene responsabilidad, o no, en el deslizamiento, cosa que se sabrá dentro de unos meses cuando el Ministerio de Medio Ambiente presente los resultados de la auditoría ambiental.