El juez primero de instrucción Penal de El alto, Rolando Chaca, accedió al pedido de la Fiscalía y determinó detención domiciliaria para el alcalde de La Paz, Luis Revilla, pero con permiso laboral y la posibilidad de cumplir “todas sus funciones” ediles por el caso del deslave en el relleno sanitario de Alpacoma.

De esta forma, Revilla se convierte en el segundo alcalde procesado y que cumple medidas cautelares en el eje central. El primero fue el cochabambino José María Leyes, enjuiciado y encarcelado por el caso mochilas.

El aliado político del alcalde paceño y candidato presidencial Carlos Mesa, le dio “todo su apoyo”, protestó vehementemente calificando el hecho como “una nueva arbitrariedad del MAS”, operada a través de la Fiscalía y un juez, pero no apareció junto a su socio político, quien aporta a la alianza con varios candidatos a la Asamblea. Mesa, a su estilo, difundió un video con su mensaje. Fueron más de cuatro horas.

La audiencia comenzó a las 14:45 y terminó a las 19:04. Centenares de seguidores de Sol.bo, muchos de ellos empleados de la Alcaldía hicieron una vigilia en la puerta de los juzgados. Esperaron a su líder y cuando lo vieron cantaron el Himno a La Paz.

El alcalde, notoriamente contrariado por el resultado de la audiencia, les pidió mantener la calma, anunció que sus abogados apelarán y les prometió seguir trabajando. Poco antes, se había dirigido a los medios.

“Por supuesto que en nuestro criterio esta decisión es un exceso y un abuso”, aseguró y añadió que no hubo prueba que sustente la acusación en su contra.

Durante la audiencia, sus dos abogados y él recordaron al juez que el Gobieno contrató una auditoría ambiental para determinar las causas del derrame del relleno sanitario, la noche del martes 15 de enero, que causó el deslizamiento de 20.000 litros de lixiviados (líquidos de material en descomposición) y 850.000 toneladas de basura.

“Este trabajo que acaba de comprometer el ejecutivo determinará las causas, los efectos y los responsables. Por lo tanto, no hay forma de que sin ese documento técnico detallado se establezca una decisión como la que ya asumió el juez” este jueves, afirmaron.

Pese a que la logística tenía preparada la parte trasera de una camioneta para que se dirija a sus seguidores, Revilla apuró el corto mensaje en la puerta de su vehí- culo con un megáfono y luego se retiró junto a su esposa Maricruz Ribera, sin dar abrazos a nadie. Poco después en las redes sociales, Mesa difundió el video.

“El Gobierno del MAS acaba de cometer una nueva arbitrariedad, un nuevo abuso de poder, utilizando un fiscal y un juez, utilizando la justicia a su gusto y sabor.

Esta vez ha decidido la prisión domiciliaria del alcalde Luis Revilla”. Repitió la línea de la ausencia de la auditoría ambiental, e insistió: “Se trata de la guerra sucia, de la confrontación política. Nosotros con CC somos aliados con Luis Revilla, a quien respeto mucho profundamente y a quien expreso mi total respaldo”.

La justificación

La Fiscalía planteó, como eje principal de su fundamentación, que tras el rebalse, al menos una decena de personas fueron internadas en centros médicos aquejadas por intoxicación. La denuncia la presentó en mayo el alcalde de Achocalla Dá- maso Ninaja.

Otro elemento que mencionó el Ministerio Público es que existe una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que el 16 de mayo determinó indicios de responsabilidad penal en contra el alcalde de la ciudad de La Paz.

El fiscal Marco Antonio Rodrí- guez manifestó que el juez tomó en cuenta los argumentos y coincidió con la posible comisión de dos delitos: incumplimiento de deberes, “porque el alcalde no dio estricto cumplimiento a la normativa con relación al medio ambiente”. El otro es atentado contra la salud pública, “producto del derrame del relleno muchos pobladores sufrieron enfermedades”, manifestó.

De hecho, el juez no tomó en cuenta este último punto, porque la defensa de Revilla expresó que no presentaron documentos de disgnósticos de respaldo y se basaron solo en testimonios.

El magistrado se tomó al menos 45 minutos para revisar nuevamente el caso, antes de emitir el veredicto. Fue la posibilidad de que el alcalde pueda intervenir en la investigación desde su cargo lo que determinó su dentención. Contradictoriamente, le permite seguir en sus funciones.