El Ministerio Público imputó al concejal de El Alto, Óscar Huanca, y al exconcejal de esa urbe, Benjamín Alborta, por daño económico al Estado de al menos 12 millones de bolivianos, cometido en el adquisición “irregular” de 60 buses Sariri, informó ayer el fiscal Edwin Enríquez.

“Las dos personas aprehendidas el martes después de prestar su declaración informativa fueron imputadas por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”, dijo a los periodistas.

Enríquez manifestó que ambas están implicadas en la adquisición con sobreprecio de 12 millones de bolivianos de los buses Sariri en las gestiones 2013 y 2014.

La Contraloría General del Estado, que desarrolló la auditoría del proceso de adjudicación, emitió su informe que determina la responsabilidad penal de los dos funcionarios, indicó.

Señaló que de 21 personas que fueron denunciadas en ese caso, cinco prestaron su declaración informativa de las cuales dos se fueron con libertad, una recibió detención preventiva y otros dos fueron imputados.

“Ahora el suscrito fiscal emitió la resolución de imputación para dos, donde se solicita la detención preventiva en el penal de San Pedro”, apuntó.

Los principales indicios de responsabilidad penal, dijo que están en el informe de la Contraloría por la adquisición de 60 buses con un sobreprecio que sería el daño económico al Estado.

Agregó que en ese proceso no está incluido el exalcalde municipal de El Alto, Edgar Patana, pero si fuera necesario señaló que la Fiscalía ampliará la investigación.