Curiosamente, el paro de este 21 de agosto coincide con el mismo día en que hace 48 años se produjo el atroz golpe de Estado de Hugo Banzer. No parece algo premeditado, pero sin duda se trata de una desubicación histórica. El objetivo declarado, que se viene alentando desde diciembre del año pasado, es la recomposición del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, por esa vía, la inhabilitación del binomio oficialista para los comicios de octubre. Es una medida que pone en cuestión el proceso electoral mismo.

Como van las cosas, el paro “nacional” no será nacional. Para empezar, no habrá paro en Santa Cruz debido al gravísimo incendio en la Chiquitanía. Fue suspendido por el Comité Cívico, el único comité en el país con capacidad de movilización. Las actividades serán normales en Potosí, que ya tuvo su propio paro el mes pasado. Los cívicos de Pando y de Beni no se sumaron a la medida. En El Alto, alcaldesa dixit, no habrá paro. Y no hay un criterio común en Chuquisaca.

Así, en rigor solamente tres departamentos van al paro, sin claridad acerca de su alcance. En Cochabamba hay división en la dirigencia cívica e interpelaciones a la representatividad del impulsor de la medida. Solo quedan los cívicos de Oruro y de Tarija, que hoy sabrán la fortaleza, o debilidad, de su convocatoria. En esas condiciones, una medida que ya se anticipaba parcial, es posible que sea fallida. El balance al final del día será importante a solo dos meses de las elecciones del 20 de octubre.

El paro de esta jornada se asumió como un anticipo de una medida más radical adoptada y anunciada por los grupos rupturistas de la oposición: paro general indefinido a partir del 10 de octubre. Se amenazó incluso con “un cerco” a la ciudad de La Paz. Es sin duda un salto al vacío con el objetivo, no declarado, de suspender las elecciones y generar un escenario de crisis político-institucional. Algunas voces opositoras, más realistas, ya asumen que un paro indefinido “sería irresponsable”.

Hemos señalado en este espacio que, a reserva del necesario debate sobre la repostulación y sus atajos, el país está inmerso en un proceso electoral y se decidirá en las urnas quiénes serán las autoridades y representantes del siguiente periodo constitucional. Es una elección con resultado incierto, en la que participan ocho fuerzas políticas de la oposición —nada menos—, ninguna de las cuales desistió de competir pese a la habilitación del binomio del MAS y la escasa confianza en los vocales del TSE.