No es posible que dentro de un Estado de Derecho (“sociedad políticamente organizada donde la ley está sobre los gobernantes” y “que exige la vigencia de una Constitución… y un estatuto tradicional de equilibrio entre los Poderes”) como es Bolivia, se tenga que llegar al extremo inaudito de transgredir expresamente la Constitución Política del Estado, y más aún si el MAS consultó, concretamente al pueblo, mediante el referéndum del 21 de febrero de 2016, la posibilidad de habilitar al actual binomio presidencial, a postular a un cuarto periodo, que el pueblo le negó.

Consecuentemente, la situación es muy cierta y muy clara, los señores Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera no pueden ser candidatos para las elecciones generales del 20 de octubre próximo, por cuanto así lo ordena el vigente Art. 168 de la CPE, ratificado y confirmado por el referéndum de 21 de febrero de 2016, cuyo resultado, legalmente, es vinculante y de cumplimiento obligatorio.

Sin embargo, contra viento y marea, los Poderes del Estado, ahora denominados órganos del Estado: Legislativo, Judicial y Electoral, todos obsecuentes y subordinados al mando oficialista, han manipulado, inconstitucional, ilegal e inmoralmente, hasta contrariando el sentido común, para avalar al binomio Morales-García, y admitir su participación para el 20 de octubre, situación que debía haber provocado un rechazo valiente, permanente y persistente de absolutamente todos los partidos de la oposición, que no se presentó, dejando transcurrir la candidatura impostora cual fuere legal.

Sin embargo, don Evo -seguramente con el afán de confundir la honestidad ciudadana- ha manifestado que “ni él ni el MAS le deben ningún favor al Tribunal Electoral” (¡vaya simulada aseveración!). Simplemente, que su amigo jurista, Ministro de Justicia, le diga al oído qué delitos han cometido los miembros del Tribunal Electoral al transgredir la Ley 026, Ley del Régimen Electoral, que reglamenta la aplicación de un referéndum; así como al transgredir la CPE y la señalada Ley 026 al someterse a la Sentencia Constitucional 0084, sólo para favorecer una candidatura imposible.

De haber actuado legalmente el Tribunal Electoral, ni Evo Morales ni Álvaro García estarían pugnando en la campaña para la presidencia del próximo 20 de octubre. Maniobrando de esa manera, el Tribunal Supremo Electoral ha convocado a la clase política para asistir a una campaña electoral -obviamente, falsa y embustera- con una presencia desorientada y hasta cándida de ocho binomios de partidos políticos de la oposición que no han sabido interpretar, debidamente, la opinión del pueblo boliviano que mayoritariamente se ha expresado en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

En tales circunstancias, ¿qué valor pueden tener al presente encuestas, programas, campañas, etc. de los ocho partidos opositores, compitiendo frente a una candidatura usurpadora, que cuenta con todos los favores del Gobierno central y, fundamentalmente, ante la actuación de un juez completamente parcializado?

Es obvio entender la declaración del Sr. Presidente de Bolivia: “respetaré el resultado de las elecciones del próximo 20 de octubre”, si el amplio ganador –él sabe- estaría a la vista, sin necesidad de segunda vuelta, y con dos tercios en el Parlamento. El ciudadano de a pie todavía tiene la vaga esperanza de que la ley, en estos comicios presidenciales, se imponga.

Noche tras noche, debe rondar la idea de si el dictador Sr. Putin ha permanecido 20 años en el poder en Rusia, y el dictador Sr. Obiang Nguema ha permanecido 38 años en el poder en Guinea Ecuatorial, ¿por qué no puedo cumplir sólo 18 años en el poder?