Estamos en un tiempo de creciente conflictividad, nuestra apacible ciudad, el 20 de agosto fue testigo del Cabildo que se organizó para recibir a los marchistas que llegaron desde Tariquía y al día siguiente se produjo un paro cívico, contundente, reclamando el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Como si no hubieran suficientes conflictos el Gobierno Nacional tuvo una reacción tardía respecto a las medidas que se deben asumir para extinguir los fuegos en la Chiquitania y estalló además una gravísima denuncia de corrupción en contra del Decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel Durán, lo que sorprende es que todo está sucediendo de forma simultánea y demuestra con toda claridad que estos hechos tienen relación con una política de extractivismo indolente con la naturaleza y con una visión del Estado que desprecia sus instituciones y que relativiza la aplicación de la ley. Bolivia es uno de los países con mayor deforestación en el mundo, se talan unas 400.000 hectáreas por año, si a ese dato le agregamos que el Decreto Supremo N° 3973, del 9 de julio de 2019, autorizó las “quemas controladas” para la ampliación de la frontera agrícola, estamos ante un panorama muy preocupante debido a la destrucción continua de los bosques que tiene el país. Por otro lado los resultados de un Referéndum Constitucional no son acatados por el Tribunal Constitucional Plurinacional y todo el Sistema Judicial se encuentra salpicado por denuncias de corrupción, que denigran a las instituciones judiciales y afectan la legitimidad de los fallos de la justicia. El Gobierno Nacional debería preocuparse por escuchar los reclamos que están haciendo los ciudadanos, ninguno de los conflictos que se están desatando parecen tener una resolución inmediata y la disconformidad va escalando. En el caso de Tariquía la reacción del Gobierno fue descalificar a los marchistas acusándolos de estar motivados por intereses políticos, cuando lo que sucede es que existe un Departamento que se siente directamente afectado, por la amenaza de que la intervención petrolera cause un impacto ambiental que comprometa irremediablemente a la principal fuente de agua para Tarija, lo curioso es que el Gobierno se encuentra cada vez más alejado del discurso político que le permitió al oficialismo llegar al poder el 22 de enero de 2006, parecen olvidar aquella retórica “Antisistema” y “antiglobalización”, donde acusaban a las instituciones de ser corruptas, de responder a castas y de generar discriminación para unos y privilegios para otros y afirmaban que la economía estaba caracterizada por el saqueo de nuestros recursos naturales, así como el desprecio por el medio ambiente y los derechos de los indígenas. Resulta que las nuevas instituciones parecen adolecer de los antiguos males e inclusive mucha gente piensa que estos claramente han empeorado, en ese sentido, el proceso constituyente no sustituyó el anterior Sistema por otro que la gente pueda percibir como mejor y por otro lado la expoliación de los recursos naturales, sin respeto por las áreas protegidas y sin priorizar la conservación del medio ambiente, parece contradecir discursivamente a un Gobierno que se asumía como defensor de la madre tierra y protector de los desfavorecidos. Fueron primero los indígenas del TIPNIS, ahora son los campesinos de Tariquía y mañana pueden ser los indígenas chiquitanos, quienes pidan un poco de humildad para escuchar, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y sensibilidad frente a quienes no tienen otra opción que protestar.