Activistas de oposición junto con dirigentes cívicos y el apoyo de algunos candidatos, por cierto todos políticos, habían convocado a un supuesto paro cívico nacional con dos peticiones claras: el rechazo a la candidatura oficialista, pidiendo se respete los resultados del referéndum del 21 de febrero y exigiendo la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral.
Se decretó tal medida en una reunión nacional, pero a la hora nona, cinco departamentos prefirieron irse a un costado, incluyendo la ciudad de El Alto, lo que equivaldría a señalar que más de la mitad del país tuvo actividades absolutamente normales, alejado de las tensiones que provocan cada manifestación en las calles.
Era predecible el fracaso de tal movilización, porque la dirigencia cívica fue puesta al servicio de intereses políticos y no se estaba reinvindicando ninguna aspiración de las regiones, que es precisamente el norte que debe seguir todo movimiento cívico apolítico.
Se está desdibujando nuevamente la función cívica, que si bien siempre tuvo una posición antigobierno, no debería inmiscuirse en los temás políticos, sino en temas que hacen al conjunto de la sociedad y que no es atendida por los niveles de gobierno, porque ya debe perderse esa visión de pelear contra el centralismo, al estar en la consolidación del modelo autonómico de gestión.
Lo ocurrido en las últimas horas, con seguridad que les hará recapacitar sobre la decisión política de convocar a un paro nacional indefinido a pocos días de la realización de las elecciones generales, teniendo como temario lo mismo que fue solicitado en este fracasado intento de paralizar el país.
Existen mecanismos para hacerse escuchar, pero ya saben que estos temas no serán tratados en la calle, sino que existe otra instancia.
