Después de una relativamente larga tregua, abierta cuando el inicio del proceso electoral relegó a la defensa de los resultados del referéndum o 21 de febrero de 2016 a un plano secundario de las preocupaciones de la oposición y de la ciudadanía,  ayer las calles de nuestra ciudad han vuelto a ser escenario de una confrontación de fuerzas entre las tres grandes corrientes en que está dividida la opinión pública nacional.

En  circunstancias normales, ese tipo de disputas se dirimen dentro de los marcos de los procedimientos previstos para tal efecto: referéndums, elecciones, tribunales, debates, entre otros. Es cuando esos medios no alcanzan a cumplir su función, que las pugnas buscan otros cauces, como las calles ayer. Es ese mismo cauce que, si no es contenido por los medios legales, termina siendo afluente nutriente de escaladas de violencia. 

Es tomando en cuenta esas consideraciones que, como consta a nuestros lectores, Los Tiempos ha mantenido invariable, desde hace muchos años, una posición clara sobre el deplorable lugar que en la cultura política nacional ocupan los paros, bloqueos, huelgas de hambre y otras formas de presión.

Siempre hemos hecho prevalecer una cuestión de principios que consiste en rechazar la ligereza con que cualquier agrupación de gente se arroga el derecho de recurrir a los paros y bloqueos con la intención de imponer a los demás, mediante medidas de hecho, sus intereses u opiniones.

Una segunda razón por la que hemos mantenido tradicionalmente una línea editorial adversa a los paros y bloqueos es que, siendo por su naturaleza medidas extremas, su utilización puede llegar a ser justificable, pero sólo en situaciones también extremas. Lo que no será posible si su eficacia como método de acción política se desgasta por el exceso de uso y abuso. 

En el caso del paro de ayer, resulta evidente, como la conducta de la ciudadanía lo ha demostrado, que se trató de un paro descomedido, desconectado de la realidad política nacional. Peor aún, convocado por una institución que ya no cuenta con ninguna legitimidad, como el comité cívico, cuya representatividad ha quedado reducida poco menos que a la nada.

Por eso, con esos antecedentes y dadas las actuales circunstancias, sólo queda insistir en la necesidad y conveniencia de que las fuerzas y voluntades dispuestas a salir en defensa de la democracia y sus instituciones, en vez de desperdiciar sus pocas energìas en acciones estériles, se aglutinen alrededor del urgente control social sobre las elecciones de octubre próximo.