Un decreto aprobado cuando Carlos de Mesa era presidente de Bolivia muestra una nueva contradicción de una persona que dice/hace un día una cosa y al día siguiente dice/hace otra cosa totalmente distinta sin siquiera sonrojarse. 

Cuando De Mesa ejerció la presidencia dijo que, debido a la grave crisis económica de entonces, se veía obligado a recurrir a la limosna internacional para pagar salarios. “Y si yo no recibo ayuda internacional, yo no voy a poder pagar su salario”, les dijo a los trabajadores en cadena nacional de TV, y añadió: “Sabe señor, señora maestra, le estoy pagando la plata, una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque estiro la mano”. Es decir, según De Mesa, el país no tenía dinero en sus arcas y por ello él se veía obligado a recurrir a las donaciones externas. 

Sin embargo, mientras mostraba una Bolivia en bancarrota, el entonces presidente aprobó el Decreto Supremo 27327 por el cual autorizó, en su artículo 7, el pago de gastos de representación (es decir, un plus, suplementos salariales o ingresos extras al margen del salario) para el “a) Presidente y Vicepresidente de la República y b) 25 por ciento de la remuneración básica para Ministros y Viceministros de Estado, Superintendentes, Contralor de la República, Presidente del Banco Central de Bolivia y Directores de la Aduana Nacional, del Servicio de Impuestos Nacionales y del Servicio Nacional de Caminos”.

El Ministerio de la Presidencia aprobó la Resolución Ministerial 067/04, de 5 de mayo de 2004, a través de la cual se asignaba un monto de mil dólares americanos adicionales al sueldo de Carlos de Mesa, según denunció el lunes el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, quien exhibió comprobantes encontrados en los archivos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de la Presidencia. Entre los años 2004 y 2005, estos sobresueldos alcanzaron la suma de 32 millones de bolivianos, algo más de 4,5 millones de dólares que fueron despilfarrados. Estos fondos eran pagados por el Tesoro General de la Nación, créditos y donaciones.

Esta actitud de apretar los cinturones de los trabajadores y meter la mano en los bolsillos de los obreros, por un lado, y beneficiarse de las mieles del poder, por otro, también se observó en el ‘impuestazo’, medida anunciada el 9 de febrero de 2003 por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada-Carlos de Mesa.

Entonces se anunció la creación de un impuesto al salario de los trabajadores para reducir el déficit fiscal. El rechazo a dicha medida generó una revuelta que dejó 30 personas fallecidas, entre uniformados y civiles. 

Otro ejemplo de contradicción entre lo que se dice y lo que se hace se evidencia con las posturas y vestimenta de Carlos de Mesa, quien suele presentarse en su campaña con las mangas de su camisa remangadas y con traje informal como una señal de que está dispuesto a trabajar en cualquier circunstancia y horario. 

En uno de sus primeros spots de campaña inclusive se mostró trabajando en la cosecha de papa, en la comunidad de Corpa, La Paz, junto a una mujer productora (quien el lunes denunció que CC excluye a los indígenas).

Sin embargo, durante su gobierno el ahora aspirante presidencial aprobó un decreto por el cual se puso límites de tiempo a su jornada laboral. Es decir, el mandatario trabajaba solo en horarios de oficina y solo de lunes a viernes. No se contemplaba trabajo en sábado o domingo. 

El Decreto Supremo 27306, aprobado el 8 de enero de 2004, indica que “para la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia el horario de trabajo de lunes a viernes es de 8.30 am a 12.00 pm y de 2.30 pm a 7.00 pm”.