Por eso, las élites agroindustriales, acostumbradas a beneficiarse de las políticas estatales y de la ausencia de normas, se rebelaron.  Enquistados en las instituciones, disfrazados de líderes que trabajan por su pueblo, convencieron a gran parte de la población de que eso era lo que buscaban, de que sus bolsillos llenos significaban el progreso de todos, y así se constituyeron en la gran resistencia, allá por el 2008. Ya sabemos en qué quedaron sus aprestos independentistas.

Ya con la holgura de su mayoría parlamentaria, en 2010 esperábamos que las políticas sobre tierras y el medioambiente se afianzaran, que las TCO gozaran de la más amplia protección, que la pequeña agricultura floreciera, que la energía alternativa amigable con el medioambiente se desarrollara, que reviviéramos los bosques y selvas que las megaindustrias nos habían arrebatado, y que limpiáramos nuestros ríos y lagos que la minería, y otras actividades extractivistas se encargaron de envenenar. No ocurrió.

En 2010, la máscara se les cayó, y Evo y García se mostraron como eran. Todas las promesas se fueron desvaneciendo, los avances legales se fueron perforando a medida que salían del gobierno quienes realmente estaban dispuestos a implementarlos. García logró los acuerdos con los agroempresarios que tanto buscaba y Evo, al ver que las demandas de soyeros y ganaderos coincidían con las de su gente, cocaleros y los mal llamados “interculturales”, se rindió a la adulación agroempresarial y se convirtió en su más eficiente empleado. 

¿Cuándo lo habrían imaginado? Legalización de transgénicos y uso de agrotóxicos sin control, pausa en la FES, ampliación de la frontera agrícola, permiso para chaquear y desmontar; permiso para enfermar impunemente a la población y para destruir la biodiversidad. ¿Para qué un gobierno blanco si el “indígena” les da todo lo que demandan y encima elimina eficientemente toda resistencia indígena, y campesina? Y para los cocaleros e interculturales permisos ilimitados de chaqueos y de asentamientos en áreas protegidas. 

Muchos denunciamos las últimas medidas, advertimos de los daños en los ecosistemas, pero no imaginamos que la destrucción sería tan inmediata y devastadora. Hasta este momento se han perdido más de 500 mil hectáreas de biodiversidad; han muerto calcinados miles de animales, se ha destruido el hábitat de otros miles. Esta vez la población no sólo está sufriendo la contaminación del humo, se ha quedado sin luz, sin agua, y muchos se quedarán sin hogares. 

Evo cree que no hubo incidentes graves porque para él los bosques y las selvas no valen nada. Cree que los chaqueos son inevitables y necesarios, por lo que las normas deben adaptarse a ellos, no al revés. 

En menos de un mes, la violencia de los incendios nos ha demostrado que este modelo económico no sólo es inviable, es ecocida y criminal, además de que viola varios artículos de la CPE. CAO, Cainco, Gobernación, alcaldías y sobre todo el Gobierno central deben hacerse responsables. La soya para biocombustible y la carne para exportación no van a beneficiar a la población. Más coca es sinónimo de más narcotráfico; tuvieron 13 años para mejorar la situación de los pequeños productores. Están destruyendo nuestro verdadero seguro de vida: fuentes de agua y oxígeno, nuestro derecho constitucional a un medioambiente saludable. 

¿Qué queda? Sumarnos a los pedidos de activistas cruceños y de organizaciones indígenas no cooptadas, pues es un problema que nos concierne, que nos afecta a todos. Los puntos que siguen deben ser de inmediato cumplimiento si queremos salvar lo que queda de nuestros bosques y salvarnos:

1. Activar el protocolo de declaración de zona de desastre y la gestión inmediata de ayuda internacional. 

2. Derogar la Ley 741, PDM-20, el DS 3973, que legalizan las quemas y que han perforado los PLUS de Santa Cruz, Beni y Pando.

3. Dejar sin efecto la ampliación de frontera agrícola en suelos que no tienen vocación para ese tipo de prácticas.

4. Anular las mil autorizaciones de asentamientos en esa zona dictadas por el INRA.

Patricia Alandia es lingüista.