“La justicia se convirtió en una mercancía”, expresó el exdefensor del Pueblo Rolando Villena, quien consideró  que “no hay ninguna posibilidad de que en estas circunstancias,  esta  justicia responda a defender los derechos de los bolivianos”.
 
En tanto, el diputado de oposición  José Carlos Gutiérrez  los  llamó “pandilla de maleantes” y calificó de “desastroso y bochornoso” lo que sucede con las altas autoridades del Órgano Judicial, que fueron preseleccionadas en el Legislativo, en el cual  el MAS tiene amplia mayoría.  

A menos de dos años de jurar como nuevas altas autoridades judiciales, elegidas por voto, tres  magistrados: Gonzalo Hurtado, Carlos Egüez y Omar Michel  están envueltos en una serie de denuncias. 
  
Fraude electoral

Egüez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue denunciado el 5 de junio ante la Asamblea Legislativa, para un juicio de responsabilidades por presunto  fraude electoral. 

Pero el caso ganó relevancia el 31 de julio,  cuando se filtró un audio en el que se escucha a una voz atribuida a Egüez pedir al juez Pedro Carvalho desestimar la denuncia en su contra.  

Luego,  la notaria electoral Josefina Canchi reveló cómo se fraguaron las elecciones judiciales de 2017 en Beni. Dijo que fue secuestrada y obligada a cambiar los resultados, acción  que   benefició a  Egüez.   

Por este caso, sólo Carvalho fue suspendido  y  el fiscal general Juan Lanchipa negó estar involucrado.  Egüez  sigue en funciones pese a que los ministros de Justicia Héctor Arce y de la Presidencia Juan Ramón Quintana le solicitaron que  renuncie. 

La denuncia contra Egüez, interpuesta en el Legislativo hace más de dos meses, sigue en etapa de investigación en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, que preside la diputada Valeria Silva (MAS).

Manipulación judicial

El caso más sonado involucra a Michel, decano del Consejo de la Magistratura, quien es acusado de presuntamente influir -a través de su hermano Juan Michel- para que se libere al feminicida de Dayana Alemán, hecho ocurrido en Tarija, en febrero de 2017. La jueza del caso, Minerva Tárraga, confirmó la presión y pidió acogerse al programa de protección de testigos.

Por otro audio, en el que se escucha una voz atribuida a un familiar de Michel, se menciona al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Antonio Revilla, como implicado en la designación de funcionarios, jueces y vocales, a cambio del pago “mita y mita” de los salarios de los funcionarios contratados. Revilla negó su participación y presentó una denuncia ante la Fiscalía. 

El decano, quien  sigue en funciones en el Consejo de la Magistratura, anunció un proceso contra su hermano.  “No sé si mi hermano está en sus cabales, no sé si está muy mal de la cabeza, no sé qué es lo que ha sucedido”,  dijo.   

Michel   afronta un proceso en el Legislativo. El caso está en  el Comité de Ministerio Público de Diputados, instancia que debe emitir un informe que desestime  o dé luz verde  a la denuncia.     

Caso Montenegro 

Hurtado, magistrado del Tribunal Constitucional, se vio implicado con el caso del narcotraficante Pedro Montenegro. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Maximiliano Dávila, dijo que tuvo relación con el narco. 

 Hurtado negó aquello   y acusó a actores políticos de querer involucrarlo en el caso.

Violencia contra la mujer

Ceballos, magistrado del Tribunal Constitucional, fue la primera autoridad del ámbito que fue blanco de críticas y de cuestionamientos. En  marzo de este año fue denunciado por su esposa por el delito de violencia intrafamiliar.

 A las pocas horas, Ceballos se presentó con su pareja, quien aseguró que se trató sólo de una discusión de pareja,  y pidió licencia mientras dure la investigación. No obstante, la Fiscalía de oficio continuó con las pesquisas. Las críticas del oficialismo y oposición contra el magistrado fueron  en ascenso y en mayo pasado Ceballos presentó su renuncia.

         
Punto de vista 
Franz Rafael Barrios  Investigador jurídico 

“Es la práctica del telefonazo”

Los recientes audios difundidos, que implicarían a altas autoridades judiciales, son la evidencia de que la famosa práctica del “telefonazo”, lejos de ser combatida, ha consolidado sus tentáculos en estos 13 años de latrocinio judicial. 

Tan es así que en 2017, el entonces ministro de Justicia de Chile, Jaime Campos, denunció al ministro de Justicia Héctor Arce por haberlo “telefoneado” para que “intercediera” por los nueve contrabandistas “mártires” de Evo que cayeron en Chile.  En efecto, desde el inicio del régimen, no dejan de destaparse las famosas “redes de extorsión judicial”, como la que parasitó al empresario Jacob Ostreicher. 

Estas redes siempre implican a nefastos personajes de los denominados “gabinetes jurídicos” del Ejecutivo, en connivencia con magistrados y jueces de tribunales inferiores. 

Cuyos “servicios delincuenciales” abarcan desde consejeros de la Magistratura apadrinados, notarios “prestadores de protocolos”, jueces “apalabreados”, secretarios de juzgado que “hacen las veces de jueces”; pasando por oficiales de diligencia, taxistas de éstos que fungen como “testigos”, e incluso ascensoristas del edificio tribunalicio.

Las  judiciales 

La Constitución, puesta en vigencia en  2009, establece que los magistrados del Órgano Judicial  se eligen mediante sufragio. La primera elección se realizó en 2011.

2017 Tras la primera experiencia de las elecciones de magistrados   -cuyos elegidos  del Tribunal Constitucional  dieron vía libre a la reelección-,  en diciembre de 2017  se llevó adelante la segunda elección judicial.  

2018 El 3 de enero, los magistrados   elegidos juraron a sus cargos. “Ustedes son producto del voto del pueblo boliviano, tienen mucha autoridad, mucha legitimidad para impartir justicia”, les dijo el presidente Evo Morales.