Como se dijo en estas páginas hace unas semanas, las señales de falta de apego a la ley que muestra el Tribunal Supremo Electoral son ya abrumadoras. Si en algún momento se podía esperar que el TSE actuara de una manera más o menos racional, ello ya no es posible. La sumisión de los vocales del TSE al oficialismo, además de la mediocridad de la mayoría de ellos, hace que el proceso electoral quede en entredicho. El Tribunal no le da al país ninguna garantía de transparencia y eficiencia.

La última decisión polémica de los vocales fue haber autorizado que candidatos a la presidencia o vicepresidencia del país puedan ser sustituidos por sus organizaciones partidarias. Esto es algo que no estaba permitido tras la aprobación el año pasado de la ley de organizaciones políticas, que estableció que la única manera de poder participar en los comicios de octubre era postulando previamente a las primarias.

El parágrafo 1 del artículo 29 de esa norma señala textualmente que: “para participar en la elección de presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral”. Voceros del TSE y del oficialismo señalaron con insistencia, el año pasado, que no podrían haber candidatos  si no pasaban por las primarias. Y todo eso fue enviado al tacho.

El TSE, para aceptar esas sustituciones, recurrió a una norma anterior, la ley electoral, que sí autorizaba a los partidos a sustituir candidatos. Pero la economía jurídica establece que una norma más reciente, si contradice a una anterior, es la que queda vigente. Como decimos, la ley de organizaciones políticas, aprobada en septiembre pasado, estableció la obligatoriedad a los partidos de participar en primarias como condición inexcusable para poder inscribir a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia.

Junto con la inseguridad que genera el TSE, existe otro asunto que tomar en cuenta: en las primarias se gastaron 27 millones de bolivianos y, por lo visto, no sirvieron de nada. Son recursos públicos por los que alguien tiene que responder. A esa cifra se deben sumar los 180 millones de bolivianos erogados en el referéndum de 2016, cuyo resultado el TSE y el oficialismo también desecharon. Los responsables de este daño económico al Estado deberán enfrentar las consecuencias en el futuro.

La credibilidad del órgano electoral, es determinante para la democracia del país. Lástima que este principio que tanto costó entender, se vea en peligro de esta manera.