Las acusaciones y contraacusaciones que se lanzan los candidatos, a los que ahora se han sumado los comités cívicos, configuran un panorama electoral en el que la mayoría de los ciudadanos nos estamos olvidando de ejercitar un necesario control sobre el Órgano Electoral.
Las noticias acaparan nuestra atención. Hoy estamos concentrados en el paro de mañana, que no se ejecutará en nuestra ciudad, y también estuvimos atentos a la controversia entre el presidente de Comcipo y el candidato a la presidencia por Bolivia Dice No. Mientras, ¿quién vigila al árbitro de las elecciones?
Entre los muchos motivos de preocupación que van surgiendo, a medida que avanza el proceso eleccionario en curso, el principal es la sospecha de un posible fraude electoral que prive de la legitimidad necesaria a los resultados que arrojen las urnas. Es tan grande la sombra de duda que pesa sobre cada uno de los actos del Órgano Electoral que, ya está sembrada la semilla de muy peligrosos conflictos en la etapa postelectoral.
El asunto, grave de por sí, lo es mucho más si se considera el contexto político en el que se presenta este escollo en el camino que debe conducir a la elección de los próximos gobernantes. Es que está ya tan avanzado el proceso de destrucción de la institucionalidad republicana, que no es sólo el proceso electoral el que está amenazado. Hemos llegado ya a un punto en el que lo que está en riesgo es la preservación del sistema democrático en nuestro país.

Los factores que nos han conducido a tan trágica situación son los mismos que durante los últimos 15 años han ido minando, con singular eficiencia, las bases de la institucionalidad democrática. 
Uno de ellos es el indisimulado afán del Movimiento Al Socialismo de crear con paciencia y meticulosidad las condiciones óptimas para la prolongación indefinida del régimen inaugurado en enero de 2016. 
El segundo factor, tan importante como el anterior, es la inexistencia de una oposición política capaz de evitar que el proceso avance en esa dirección.
Como era de prever, el MAS ya tiene un plan de acción para sacar máximo provecho de las debilidades de nuestro andamiaje institucional. Cada uno de los pasos durante los últimos meses, cada uno como continuación de los que se dieron en años anteriores, conducen a inutilizar los medios concebidos entre 1982 y 2016 para dar transparencia a los actos electorales.
La oposición, en cambio, también dando continuidad a la línea de desaciertos anteriores, sigue sin tener mejor idea que atrincherarse en una posición quejumbrosa y defensiva. Incapaz de salir de su permanente extravío, no tiene un plan de acción suficiente para contener los afanes del oficialismo.
En esas circunstancias, no será nada fácil conjurar los peligros que se ciernen sobre el futuro del sistema democrático de nuestro país. Lo peor es que el tiempo ya corre en contra, y muy poco se avanza hacia la urgente organización de un plan de control social, recinto por recinto, mesa por mesa, paso por paso, del recuento de votos.