Después de un mes, ayer se levantó la reserva  del caso audios de corrupción de la Alcaldía de Quillacollo, que se investiga desde 2017 por la filtración de grabaciones, informaron fuentes cercanas a la Fiscalía de Cochabamba.

El proceso involucra al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lucio Gómez, a alcaldes, concejales, exfuncionarios y dirigentes.

La asambleísta departamental Lizeth Beramendi anunció que pedirá la modificación de la detención domiciliaria de Gómez, porque tras su pedido de licencia ya no tiene inmunidad.

Las partes acudieron a dependencias del Ministerio Público para pedir los avances de la investigación.

El presidente del Concejo Municipal, René Fernández, expresó que se apersonarán como parte querellante para conocer los elementos de prueba que recabaron los  fiscales que indagan el presunto cobro de “coimas” a empresarios  por  la adjudicación de  obras y el cuoteo de cargos.

Hasta ahora hay 13 personas implicadas en el caso por la presunta comisión de los delitos de concusión y uso indebido de influencias.

En siete meses de investigación se imputó a 11 personas, se sentenció a una y sólo una continúa prófuga.

La denuncia de cobros fue presentada el  9 de enero  por el alcalde suspendido Eduardo Mérida (FPV), quien sustentó su querella contra el exalcalde suplente Zacarías Jayta  (FPV y aliado del MAS) y el expresidente del Concejo Víctor Osinaga (MAS) con 10 audios y videos.

Nuevas denuncias

Sin embargo, el 17 de julio  las investigaciones se ampliaron contra más integrantes de la red de corrupción que incluso implicaría a la actual gestión.

Dos testigos claves del caso refieren en sus declaraciones informativas que el exjefe de Transporte de la Alcaldía, Henry Crespo, realizó “cobros ilegales” para la designación de funcionarios en cargos y las adjudicaciones de obras a empresas.

El dinero de los sobornos presuntamente se entregó a dos de los implicados. En los audios se menciona a varias autoridades.

Ante el riesgo de que las investigaciones involucren a más autoridades y se dé un nuevo cambio en el municipio,  el presidente del Concejo Municipal recordó que el reglamento establece que tras la suspensión del Alcalde electo, los concejales de su partido deben resolver quién reemplazará a la  primera autoridad. Desde el FPV aseguraron que aún no se analiza la posibilidad de elegir otro alcalde.

La profunda crisis municipal e institucional que atraviesa la Alcaldía repercutió en la ejecución de obras de impacto en los últimos cuatro años,  señalaron  dirigentes de Control Social.

Bernardo Almaraz, representante de la comunidad de Cotapachi, comentó que  la situación motivó a que el presidente Evo Morales decida coordinar directamente con los dirigentes de los distritos el financiamiento de macroproyectos.

Aclaró que el domingo el jefe de Estado comprometió ocho unidades educativas para el municipio y  garantizó que las otras siete obras propuestas serán derivadas a los ministerios correspondientes para determinar de qué manera pueden financiarse.

“Al FPV  le corresponde debatir si cambia o no al Alcalde suplente”, dijo el presidente del Concejo.

PEDIRÁN REVISAR CASO DE GÓMEZ

La asambleísta departamental Lizeth Beramendi (Único) adelantó que hasta el miércoles solicitará al Ministerio Público que pida a un tribunal la modificación de las medidas sustitutivas del diputado  Lucio Gómez, del MAS, porque persisten los riesgos de  obstaculización.

“Tengo entendido que solicitó licencia indefinida para defenderse en la investigación, por lo tanto, ha perdido su condición de parlamentario, por lo que se debe pedir la revocatoria de su detención domiciliaria”, expresó.

Por otro lado, denunció que la Comisión de Ética  de la Cámara de Diputados “encubre” a Gómez porque el viernes fue notificado con una nota en la que se indica que la denuncia que presentó como asambleísta debe fundamentarse.