
Cambio - Edición impresa
El diputado de Unidad Demócrata (UD) Víctor Gutiérrez aseguró ayer que la postulación de Miguel Antonio Roca Sánchez a diputado uninominal por la circunscripción 7 de la ciudad de La Paz pone en duda la transparencia de Comunidad Ciudadana (CC), frente que lidera el expresidente Carlos de Mesa, porque el aspirante fue acusado de haber ocasionado daño económico al Estado y denunciado por presunta falsedad material.
“Me parece repudiable, reprochable y poco transparente para alguien que quiere mostrarse como abanderado moral de sus filas que tenga a un candidato descalificado por una denuncia penal o causas ejecutoriadas, eso no es una buena señal para una deteriorada imagen de Comunidad Ciudadana y de su candidato Carlos (de) Mesa que se resiste a demostrar su integridad, es uno más del montón, un político más del pasado, uno más que se ha aprovechado del poder, y ahí se tiene la dádiva que le dio el MNR para que sea candidato a vicepresidente”, sostuvo.
Roca Sánchez fue denunciado por presunto daño económico al departamento de La Paz por 60 millones de dólares cuando era funcionario de Impuestos Internos.
De acuerdo con la página digital Contragolpe del 9 de agosto de 2019 y el periódico Los Tiempos del 21 de julio de 2019, Roca no cumplió sus funciones en un proceso con la Cervecería Boliviana Nacional (CBN).
La información da cuenta de que cuando Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente, se perdió ese monto en juicio contencioso tributario por negligencia e incumplimiento de deberes del entonces director de Impuestos Internos, Miguel Antonio Roca Sánchez, actual candidato a diputado por Comunidad Ciudadana.
Además de ello, Carlos de Mesa fue sujeto a un proceso coactivo fiscal por apropiación arbitraria de recursos del Estado, junto con varios exfuncionarios de la ex-Dirección General de Impuestos Internos (actual Servicio de Impuestos Nacionales, SIN).
De acuerdo con un edicto firmado por la doctora Carmen Rosa Ticona Mamani, jueza 1º Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de La Paz, Bolivia, del 26 de junio de 2017, la Contraloría General de la República estableció la existencia de indicios de responsabilidad civil por disposición y apropiación arbitraria de recursos del Estado, entre el 2 de octubre de 1997 y el 30 de junio de 2002.
De entre 110 casos de presunta responsabilidad, Miguel Antonio Roca Sánchez está vinculado a 18, junto con otros funcionarios, por 1.397.152 bolivianos (279,89 dólares, de acuerdo con el tipo de cambio de entonces).
Por esa razón se emitió la solicitud a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras para congelar las cuentas de los procesados, entre ellos Roca, en todas las entidades. Así como a Derechos Reales para la anotación preventiva de todos los bienes muebles sujetos a registro e inmuebles propios y otros de los involucrados.
El periódico Cambio buscó comunicarse con el candidato Miguel Antonio Roca Sánchez para conocer su contraparte. Se llamó a los voceros José Luis Bedregal y José Antonio Quiroga, con el fin de solicitar el número de teléfono celular o fijo del candidato, pero ninguno respondió a las llamadas.



