Tarija está entre los dos departamentos con mayor índice de feminicidios -Oruro es el otro- y según los datos de la Fiscalía General del Estado en 2018 se registraron 29.293 casos de violencia familiar en el país, a un promedio de un hecho por cada 107 familias. Los departamentos de Tarija, Pando y Beni son los que registraron los índices más elevados y Tarija lidera esta lista en 2019.

La inseguridad en las calles, en las casas, en los colegios, en los hospitales, en las carreteras es un conflicto creciente en Bolivia y los candidatos tomaron en cuenta algunas propuestas para enfrentar estos conflictos, aunque ninguno dio una solución puntual. La socialización y la concientización al parecer aún es una de las fórmulas para enfrentar la violencia.

Esta semana, el diario El País analizó las propuestas electorales del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN) sobre cómo pretenden frenar la inseguridad para la gestión política venidera. Los dos de oposición plantean descentralizar la Policía Nacional para bajar los niveles de corrupción y que exista mayor control.

El MAS para el periodo 2020-2025 propone mayor inversión de recursos en seguridad ciudadana, específicamente, para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes, programas y proyectos dirigidos a la prevención y registro de crímenes de violencia contra la mujer, además de la construcción de centros integrales de atención para víctimas de violencia.

También, realizarán programas de sensibilización de trato a víctimas de violencia para que estas no sean victimizadas nuevamente, luego de hacer la denuncia. A diferencia de los partidos políticos de oposición que se analizaron, el MAS pretende reforzar la imagen de la Policía y fortalecer su estructura nacional.

Por su parte, la organización política BDN apunta a las fuentes principales de inseguridad conocidas como el narcotráfico, las organizaciones criminales, la captura delincuencial de la Policía, la justicia y la incompetencia gubernamental.

Se pretende mejorar los salarios por un mejor desempeño profesional y frenar la corrupción; descentralizar las funciones policiales y fortalecer las unidades operativas y técnicas; elevar su presupuesto y dotarla del equipamiento necesario; revisar el régimen carcelario; reforzar el trabajo de la Policía Comunitaria en cooperación con los gobiernos municipales y los vecinos organizados. Pero, ante todo, es imprescindible liberar a la fuerza pública del tutelaje y la manipulación política del gobierno de turno, afirmando su condición de institución estatal.

La organización política de CC apuesta por los centros comunitarios ciudadanos en donde se instalarán programas de atención integral a la familia, defensorías, espacios de apoyo, cuidado, servicios legales, resolución de conflictos, empoderamiento y liderazgo para mujeres y niñas. Además, se habla de la creación de centros ciudadanos de justicia para remplazar los palacios de justicia que serán descentralizados en los municipios e interactuarán autoridades fiscales, policiales, judiciales, defensoriales, arbitrales y administrativas, “para prestar un servicio público de alta calidad y eficiencia para los ciudadanos”, expone en el programa.

Las autoridades jurisdiccionales indígena originario campesinas, si sus autoridades lo ven por conveniente, podrán ejercer sus funciones en estas instalaciones, como una forma de retroalimentación de los dos sistemas de justicia.

Tarija en el tercer lugar de accidentes de tránsito

Los resultados de un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo sobre accidentes carreteros ocurridos en 2018, revelan que en La Paz provocaron 175 personas fallecidas, seguido por Cochabamba 147 y Tarija con 137; en cuanto a heridos, La Paz ocupa el primer lugar con 1094; Cochabamba 984 y Tarija con 857. De acuerdo al informe con datos proporcionados por la Dirección Departamental de Tránsito, en Tarija hubo 944 accidentes.