Desde que Evo Morales denunció que todos los males del gobierno se debían a que en las distintas reparticiones estatales habían infiltrados y, a partir de ello, se propiciara una purga al estilo del estalinismo en la ex Unión Soviética, los empleados públicos en Bolivia, tanto del gobierno central, gobernaciones y municipios a cargo del MAS y de los supuestos opositores al régimen, son utilizados como carne de cañón en las distintas manifestaciones públicas, concentraciones y proclamas que se les ocurre a los monarcas del país.

Por este despropósito, con la venia del alto mando policial y militar, las tropas de estas instituciones estatales son acuarteladas, trasladadas a la rápida sin pertrechos, sin consideración de ningún tipo y utilizadas en marchas y actos partidistas como si respondieran a la dirigencia de ese partido y no a los “altos intereses nacionales”.

Por su parte, los empleados públicos despojados de su dignidad tienen que hacer aportes “voluntarios”, tienen que ponerse atuendos, llevar banderitas y demás, utilizar sus propios recursos para movilizarse y estar ocupados fuera de su horario y carga de trabajo normal, enfrentar a los pobladores de Achacachi, al magisterio y a los médicos en sus legítimas demandas, votar por los “masistrados”, proclamar al líder irremplazable y vitalicio del falso “proceso de cambio”, participar en contra de la Constitución y el 21 F e incluso perder la vida por asistir al “banderazo”.

Esta es, sin duda, la más penosa esclavitud moderna, pues por conservar su puesto de trabajo, no se les permite pensar, opinar y menos denunciar los atropellos y desmanes en el interior del manejo de la cosa pública. Sumidos en un mar de ineptitud y corrupción, los esclavos del régimen se constituyen en: proclamadores, apañadores y sustentadores obligados y amedrentados de una política que sigue los lineamientos del neoliberalismo y promueve el capitalismo salvaje.

La Ley del Estatuto del Funcionario Público (No. 2027 de octubre de 1999) que fue promulgada por el gobierno de Hugo Banzer Suárez, en el marco de la aplicación de la política neoliberal, hoy es sañudamente utilizada por Evo Morales - García Linera para obligar y manipular a los empleados públicos con el objetivo de perpetuarse en el poder.

Es tiempo de acabar con este régimen, incorporar a los empleados públicos a la Ley General del Trabajo y sindicalizarlos, hacer que sirvan a su institución y al país y no a un régimen retrógrado que en nombre de socialismo nos conduce irremediablemente al fascismo y a la barbarie.

El autor es economista, ex rector de la UPEA y docente titular de la UMSA.