En el tráfago electoral que vive el país, con mayor protagonismo por parte del Gobierno, según el calendario electoral han sido ya presentados los programas de gobierno que deben ser publicitados para el conocimiento de los electores, instrumentos a cuyo sentido y consistencia se halla dirigida la presente nota.

En el tráfago electoral que vive el país, con mayor protagonismo por parte del Gobierno, según el calendario electoral han sido ya presentados los programas de gobierno  que deben ser publicitados para el conocimiento de los electores, instrumentos a cuyo sentido y consistencia se halla dirigida la presente nota.

En nuestra escasa experiencia democrática, el programa de gobierno constituye un documento formal, un requisito administrativo más que generalmente pasa desapercibido por el electorado. No obstante que su sentido es el de una verdadera propuesta electoral dirigida a los ciudadanos, de cuyo voto depende conferir el mandato popular, para que dicho programa sea implantado. En consecuencia, la propuesta electoral formulada por las organizaciones políticas tiene un carácter vinculante con todos los ciudadanos como titulares de la soberanía, con todos los efectos y responsabilidades consiguientes.

Sin embargo, un documento de tanto valor jurídico, político y democrático como un programa de gobierno, en la concepción simplista del pensamiento político nacional, no pasa de considerarse como una simple formalidad, que además resiste   una colección de falsedades o sofismas que ofrecen cambio y prosperidad, que protestan dignidad y soberanía nacional, cuando en realidad las propuestas victoriosas  –en forma legítima o no–  en esta última década estuvieron saturadas de ideologías trasnochadas que protestan dignidad y soberanía nacional, cuando en realidad obedecen a consignas de centros de hegemonía ideológica de los cuales, lamentablemente, aún depende nuestro país.

 Pero lo curioso es que la gran ausente de siempre sea la variable internacional, al parecer la concepción de los problemas nacionales se halla desconectada de la dinámica internacional, no solo estamos enclaustrados geográficamente, sino que  vivimos “mirándonos el ombligo”.

Un programa de gobierno promedio, además de cualquier tipo de retórica impostada, viene acompañado de análisis sectoriales como bases o “pilares” de propuesta, generalmente recargada de falsas hipótesis pero muy ricas en visiones de un futuro idealizado: ¡pura demagogia!

Pero lo más grave es que estos programas generalmente vienen acompañados de un listado de obras y de contratación pública maximizada al extremo posible; lo que da la pauta que la contratación pública es considerada –especialmente durante esta última década– como uno de los instrumentos más utilizados para el disfrute del “maravilloso instrumento del poder” y causa de la generalizada corrupción y degeneración de la política boliviana.

He aquí, algunas breves ideas:

1. Visión de país: El pueblo, sin discriminación alguna y en un plano de completa igualdad en derechos, deberes y oportunidades, constituye el titular de la soberanía, así como de todo el territorio y los recursos naturales existentes en el mismo, los que deben ser aprovechados en beneficio del desarrollo de toda la comunidad boliviana.  

2. Visión de Estado: “La República de Bolivia (tal como la reconoce el Art. 11.I de la actual CPE), adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. Habrá que promover posteriormente una reforma parcial   que precise que “la República de Bolivia es un Estado Social, Plural, Democrático y de Derecho”, así como establecer responsabilidades para quienes contraviniendo lo expresamente dispuesto por la CPE le cambiaron la denominación al Estado por un simple Decreto (D.S. 048 de 18.03.09).

3.  Como programa realmente revolucionario, el accionar de la ciudadanía debe centrarse en el rescate de la democracia y de la institucionalidad del Estado, en el marco de una real separación y autonomía de los poderes públicos, desterrando la total concentración de poder en una persona, grupo o partido, sometidos a una evidente dependencia ideológica e intereses externos.

4. Reducción de la cantidad innecesaria de ministerios, priorizando la dotación de recursos a las carteras del área social. 

5. No reconocimiento de ninguna obligación externa, resultante de un acto de vinculación ideológica y en los cuales deberían regir las normas del ordenamiento jurídico nacional; así como la denuncia inmediata de todo pacto o alianza defensiva u ofensiva derivado de cualquier adhesión política a potencias extranjeras.

6. Plena vigencia de las Autonomías, mediante la dotación efectiva de recursos que permitan a los gobiernos subnacionales el ejercicio de sus competencias, promoviendo la idea de un Pacto Fiscal que distribuya con equidad y oportunidad los ingresos nacionales.

Una propuesta electoral consciente, patriótica y oportuna  debería contemplar pocas ofertas pero con un profundo y real convencimiento de lo que actualmente es necesario para preservar el país y dar a la comunidad boliviana la seguridad de un futuro digno y solidario, es decir un programa de emergencia de rescate nacional, como un imperativo cívico e histórico de nuestra generación.

He aquí, algunas breves ideas:

1. Visión de país: El pueblo, sin discriminación alguna y en un plano de completa igualdad en derechos, deberes y oportunidades, constituye el titular de la soberanía, así como de todo el territorio y los recursos naturales existentes en el mismo, los que deben ser aprovechados en beneficio del desarrollo de toda la comunidad boliviana.  

2. Visión de Estado: “La República de Bolivia (tal como la reconoce el Art. 11.I de la actual CPE), adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. Habrá que promover posteriormente una reforma parcial   que precise que “la República de Bolivia es un Estado Social, Plural, Democrático y de Derecho”, así como establecer responsabilidades para quienes contraviniendo lo expresamente dispuesto por la CPE le cambiaron la denominación al Estado por un simple Decreto (D.S. 048 de 18.03.09).

3.  Como programa realmente revolucionario, el accionar de la ciudadanía debe centrarse en el rescate de la democracia y de la institucionalidad del Estado, en el marco de una real separación y autonomía de los poderes públicos, desterrando la total concentración de poder en una persona, grupo o partido, sometidos a una evidente dependencia ideológica e intereses externos.

4. Reducción de la cantidad innecesaria de ministerios, priorizando la dotación de recursos a las carteras del área social. 

5. No reconocimiento de ninguna obligación externa, resultante de un acto de vinculación ideológica y en los cuales deberían regir las normas del ordenamiento jurídico nacional; así como la denuncia inmediata de todo pacto o alianza defensiva u ofensiva derivado de cualquier adhesión política a potencias extranjeras.

6. Plena vigencia de las Autonomías, mediante la dotación efectiva de recursos que permitan a los gobiernos subnacionales el ejercicio de sus competencias, promoviendo la idea de un Pacto Fiscal que distribuya con equidad y oportunidad los ingresos nacionales.