| La Paz / Anf |  17 agos 2019 | 12:45

En un conversatorio organizado por la ANF sobre reportajes titulados "Nueve muertes en tres conflictos sociales contra el Gobierno quedaron en la impunidad" y "Sin culpables, cierran caso del asesinato de mineros en enfrentamientos con policías en 2016", analistas invitados concluyeron que no habrá justicia para las víctimas en conflictos sociales, hasta que un nuevo Gobierno asuma la dirección del país, esto debido a que los mencionados casos se politizaron.
Los casos analizados fueron: la vida de los estudiantes Fidel Mario Hernani (19) y David Calizaya Mamani (17) quedó truncada aquel 5 de mayo de 2010, cuando dos balas asesinas impactaron en sus cuerpos y les arrebataron su existencia, a la fecha el caso está paralizado sin culpables.
La muerte de cinco cooperativistas mineros por impacto de bala en agosto de 2016 en un conflicto que surgió por el rechazo de la sindicalización de sus afiliados y la reversión de áreas mineras tampoco fue resuelta y no se hallaron a los responsables; tampoco encontraron a los culpables de la muerte por impacto de bala de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Eliseo Choque y Carlos Vega, hecho ocurrido en agosto de 2018 en La Asunta.
Algunos de estos casos se cerraron y otros están paralizados, en ninguno de los procesos las autoridades del Ministerio Público dieron con los autores de estas muertes para que sean enjuiciados y sentenciados en la vía judicial.
Los tres hechos se registraron durante movilizaciones que fueron reprimidas por los efectivos de la Policía Boliviana, dependiente del Ministerio de Gobierno. En sus protestas, los sectores sociales exigían atención a sus demandas al Gobierno central.
El abogado Jorge Quiroz, que sigue los casos de Caranavi, Chaparina y Apolo, considera que estos procesos están paralizados porque "con claridad se puede apreciar que hay una intervención política".
"Se tiene que esperar que este proceso político cumpla su ciclo y después ver la posibilidad de actuar; que han llegado las peticiones a la Corte Interamericana, han llegado las peticiones", manifestó el jurista.
Para Quiroz, el contexto de estos casos hace ver hay dos sociedades diferentes, incluso tres, donde el poder político agarra a las autoridades judiciales y de la Fiscalía que actué contra unos y dejé en la impunidad a otros.
"No vamos a poder (encontrar justicia) bajo las reglas y bajo las políticas de Estado, en estos momentos, no vamos a poder encontrar un culpable, siempre vamos a encontrar una justicia esquiva, siempre vamos a encontrar un juez que necesariamente (se) vende al orden político, un fiscal que no va a hacer su trabajo, un fiscal que va a agarrar los cuadernos de investigación, se los va a llevar al Ministerio de Gobierno y ahí se lo va a tener", mencionó.
El abogado y periodista, Andrés Gómez Vela, fue más duro con el análisis de la impunidad de estos tres casos. Recordó que a los mencionados casos hay otros procesos paralelos que se activaron por muertes y daños contra policías y autoridades (exviceminsitro Rodolfo Illanes) dentro de los mismos conflictos sociales y los fiscales y jueces de forma ágil identificaron y procesaron a los presuntos responsables. 
"Hay unos muertos que valen más y otros muertos no, vidas que pesan más y hay que procesar y detener, encarcelar y otras vidas que no valen nada, y cuando llegamos a esa situación es que estamos en un terrorismo de Estado", aseguró Gómez.
Cuestionó como al dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez se lo encarceló sin pruebas y este mes podría llevarse su juicio por los hechos violentos en La Asunta, en agosto del año pasado. Pero, esas mismas fechas fueron asesinados dos cocaleros y no hallan a los autores. 
Durante las intervenciones policiales en los conflictos, según Gómez, los policías llevan armas letales, sino es por órdenes superiores y en estos casos tuvo que haber las ordenes y eso debió investigarse.
El periodista refirió que el panorama que refleja estos tres casos hacen ver que vivimos en un "Estado terrorista" donde se instruye matar y se viola los derechos humanos.
"No vamos a encontrar justicia mientras permanezca la gente que en este momento administra este Estado", concluyó.
Por su parte, el reconocido abogado, Andrés Zúñiga a partir de un análisis jurídico de estos casos dijo que podría haber "tal vez una ausencia de tutela judicial efectiva", respecto a estos tres hechos que son diferentes el uno del otro, pero esa figura no puede darse dentro un Estado de derecho.
Mencionó que, si dentro de un proceso investigativo no se logra individualizar al autor de un hecho, no se puede forzar ese aspecto. Pero para llegar hasta ese punto, se debe agotar todos los recursos judiciales internos e incluso después esta la alternativa de los tribunales internacionales.
"Cada hecho es tan diferente del uno, que simplemente apunta a marcar posiciones que un sistema procesal sobre la vigencia de la Constitución, etcétera, debe ser diluida. Yo insisto que en todo caso conflictivo se debe agotar las vías, antes de llegar a un tribunal internacional debes agotar todas vías", manifestó el jurista.
Mencionó que se deben hacer los esfuerzos para que lo jurídico se anteponga a lo político, para que así dentro de los procesos se agoten todas las vías enmarcadas por las leyes.