A raíz de los resultados electorales y la profundización de la crisis económica de Argentina, en Bolivia entraron al debate preguntas sobre el deterioro de algunas variables macroeconómicas y las opciones de políticas públicas de corrección que existen. 

Bolivia registra un déficit comercial (importaciones mayores a  exportaciones) en un contexto en el que hay un deterioro estructural del mercado de exportación del gas natural (precios a la baja y menor cantidad demandada). Incluyendo las proyecciones de 2019, son cinco años de déficit comercial, cercano al 5% del Producto. 

 El déficit fiscal (gastos superiores a ingresos) que hace seis años está en incremento. En 2018 la brecha fiscal fue de 8% del Producto, la más alta de América Latina, sin incluir Venezuela. 

 El tipo de cambio nominal que está fijo hace ocho años pero que en términos reales está apreciado, lo que favorece a las importaciones legales e ilegales y  ayuda a importar inflación barata. En lo negativo perjudica a la industria nacional y a las exportaciones, especialmente no tradicionales.

La economía boliviana perdió reservas internacionales a una razón promedio de  145 millones de dólares por mes, entre 2015 y 2018. Total perdido algo como 6.000 millones de verdes. Estos recursos sirvieron para sustentar la demanda interna, sobre todo gasto e inversión pública.

  A raíz del perdonazo de la deuda externa, promovida por gobiernos anteriores y apoyada por los organismos internacionales, ésta pasó de 64% del Producto a 14%, entre 2007 y 2014. Posteriormente, la deuda externa aumentó a un 25% del Producto en 2018.   Entre las variables macroeconómicas que muestran signos positivos podemos mencionar: 

El crecimiento del PIB en torno de 4%, aunque este indicador disminuye desde 2015. En 2014, el Producto creció cerca  del 7%. No hay duda, la economía boliviana está en un proceso de desaceleración. En 2018, los precios tan sólo subieron en 1,5%.  La inflación es baja y está bajo control. La tasa de desempleo del sector formal es relativamente baja, en torno de 4%. 

Entre tanto, cabe recordar que la mayoría del empleo en Bolivia está en el sector informal, 80 %, y es de muy baja calidad.

Según el INE, en Bolivia se produjeron mejoras en ciertos indicadores sociales. Medida por ingresos, la pobreza extrema habría bajado de 38% a 15%. Es decir, más gente vive con más de un dólar por día. Entre tanto, indicadores sociales, que miden la pobreza de manera multidimensional (baja calidad de educación, salud y empleo) muestran que todavía 61% de las personas viven dificultades. Información del Cedla.

 Este es el contexto macroeconómico y social que debe ser abordado en el debate de la coyuntura. En el debate actual existen como dos aproximaciones, ambas polémicas: 

Una aproximación muy concreta, fuertemente inspirada en las terapias de shock. Ésta busca responder a cada tema de la coyuntura, centrado en instrumentos y el dilema que se enfrenta. Ante el déficit comercial: ¿Devaluar o no devaluar la moneda nacional? Frente al déficit fiscal los dilemas se presentan de manera dicotómica: ¿reducir o bajar impuestos?,  ¿cortar o no cortar gastos?, ¿privatizar o no las empresas públicas estatales deficitarias? 

Por supuesto que todas estas interrogantes pueden tener soluciones intermedias y con diferentes combinaciones. En esta línea de razonamiento se debe cortar por la raíz los problemas realizando un ajuste duro.

 La segunda aproximación tiene que ver más con un abordaje de ecosistema, integral y estructural de los problemas que enfrenta la economía. Se trataría de un ajuste gradual y concertado con los principales actores económicos, y sociales. Promover   pacto amplio, diverso y complejo para pasar, en el corto plazo, de una economía que vivía con cerca de 14.000  millones de dólares, debido al boom de los precios de las materias primas, que no se vislumbra que se repita, y que ahora debe vivir con tan sólo 10.000 millones.   

Frente al déficit comercial se debe impulsar la diversificación de la producción y el aumento de la productividad y competitividad de las empresas. Así mismo, la idea sería controlar las importaciones superfluas. En esta aproximación, modificaciones en el tipo de cambio son ineficientes. En realidad, la competitividad de firmas depende de políticas de crédito, de acceso a tecnología y mercados, del precio de la energía y otros servicios, del apoyo a los ecosistemas de innovación y emprendimiento. Es decir, de muchos factores vinculados a una política industrial.   

Frente al déficit público ver reformas estructurales, un cambio estructural en el sistema impositivo, eliminando impuestos ineficientes, ampliando la base tributaria, cortando gastos e inversiones superfluas y mejorando la calidad de estas variables. Así mismo, impulsando una mayor inversión privada nacional y extranjera.  

Este es el abanico de opciones de políticas públicas que debíamos estar debatiendo. La crisis argentina nos muestra que el shock o gradualismo está en la agenda y debe ser evaluado. Desafortunadamente, el Gobierno ha optado por la fe ideológica, que sólo ve variables exitosas y niega las restricciones y problemas macroeconómicos e insiste en la teoría del blindaje del modelo. Saquemos la cabeza del suelo. El debate está abierto.