Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 16 de agosto de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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El Ministerio Público remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el caso que involucra al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto Egüez, por influir en un juez de Beni para que emita una resolución en favor de una de las partes de un proceso que lo involucra.
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"Ustedes conocen que todos los magistrados tienen un privilegio de juzgamiento que establece la Ley de juicio de responsabilidad, por lo cual nosotros hemos remitido todo el trabajo de la investigación a la Asamblea Legislativa para que sea a través de esta instancia el juzgamiento, si es que ven por conveniente, a esta autoridad”, informó el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, este viernes, en contacto con los medios.
Resaltó que el informe de investigación que se envió a la Asamblea contempla las declaraciones informativas a los involucrados en el caso y los resultados del peritaje para establecer la veracidad del audio, que se realizó en Argentina.
El 29 de julio se conoció un audio en el que el magistrado Egüez, pide mediante una llamada telefónica, Carvalho que emita una resolución favoreciendo en un caso que el caso de fraude en las elecciones judiciales que lo involucra. Le asegura que tendrá el respaldo del Consejo de la Magistratura y que el caso ya conoce el Fiscal General del Estado.
Tras hacerse pública el audio, el ministro de Justicia, Héctor Arce sugirió que Egüez pida licencia mientras se investiga este presunto hecho. Sin embargo, el Magistrado negó toda vinculación, descartó pedir licencia porque considera que el audio está manipulado y tergiversado.
Al respecto, Lanchipa explicó que la Fiscalía no tiene la condición de proponer que Egüez o cualquier autoridad judicial que es procesada renuncie.
“Nosotros no estamos como Ministerio Público en la condición de solicitar aquello. Nosotros no tenemos ningún propósito de perjudicar o favorecer a ninguna autoridad, simplemente trabajamos bajo el principio de objetividad en hechos que preocupan y generar una mala imagen y desconfianza”, dijo.
Sin embargo, aseguró que, pese a que las autoridades judiciales se mantengan en sus cargos, no influirá en la investigación.
“No tenemos ninguna persona que pueda gozar de algún privilegio dentro del Ministerio Público. Nosotros vamos a llevar a delante con la mayor transparencia y rigurosidad todo el trabajo de la investigación contra todas las autoridades o todas las personas que se hallen involucradas en hechos delictivos”, aseveró.
