La persecución y encarcelamiento del médico Jhery Fernández provocó grandes movilizaciones. Primero para presionar en su contra, cuando se temía que pudiera eludir su presunta culpa por la muerte del bebé Alexander, y luego para presionar por su libertad, cuando se supo que había sido injustamente condenado por fiscales y jueces que confesaron su venalidad. El caso conmovió a la opinión pública, primero por compasión hacia el bebé, y luego por solidaridad hacia el médico y su familia, pero sobre todo por la sensación compartida de que el caso sería cerrado y no habría justicia si no se presionaba en las calles. 

Esa sensación es terrible, porque muestra cuán inermes y desprotegidos estamos los ciudadanos, y cuán poco confiamos en los sistemas institucionales. 

Las encuestas lo confirman. La confianza en las instituciones ha bajado persistentemente en los últimos años hasta niveles críticos. El año 2011 comenzaron a aplicarse algunas reformas impulsadas por el MAS, como la elección popular de los magistrados, pero las expectativas positivas ya se derrumbaron. 

El Informe sobre el Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia coloca a Bolivia en el puesto 119 de 126 países. Es un lugar penoso. Pero cuando se toman en cuenta los temas relacionados a justicia civil y penal, la situación empeora todavía más. En el ámbito civil llegamos al puesto 123 y en el penal al 125. Sólo Venezuela está peor que Bolivia, e incluso Zimbabwe y Libia tienen mejores condiciones de administración de justicia que la nuestra. 

En estos dos ámbitos hay varios grupos de variables que explican su pésima calificación. Uno que es común a los dos y arrastra hacia abajo la calificación es la influencia gubernamental, es decir, la injerencia política.

Como el de Jhery, hay muchos casos. Recuerden a Odón Mendoza, portero de una escuela y acusado de violar y matar a una niña, condenado a pesar de que los peritajes internacionales han probado que no eran suyas las “huellas” de ADN analizadas. La lista es seguramente interminable, pues se estima que un 80% de los detenidos en las cárceles bolivianas no tienen todavía condena. 

La peor experiencia seguramente la viven quienes caen en el sistema de justicia criminal o penal, pero son muchísimos los bolivianos que sufren la falta de justicia en el ámbito civil, desde los que deben tramitar la corrección de un nombre en documentos hasta los que buscan que se resuelvan litigios contractuales que se prolongan hasta que desaparece el valor de lo disputado. 

¿Qué plantean los partidos al respecto? 

Todos reconocen el desastre y, por tanto, plantean de manera general una reforma profunda o una transformación radical del sistema de justicia. Y definen su modelo ideal en base a palabras como transparente, equitativa, eficiente, ágil, ética, etc. Por supuesto, también coinciden en la necesidad de garantizar capacidad profesional y probidad en los jueces y fiscales, así como en asegurar la independencia de los órganos de justicia. Eso está bien, pero ¿cómo hacerlo?

El MAS de Morales plantea reconstruir el sistema, pero no admite el fracaso de su reforma pues se extiende en describir sus éxitos en la abreviación del procedimiento penal y el cambio del notariado. Al parecer plantean reformar su reforma aunque en lo concreto su propuesta se limita a mejoras en trámites, procedimientos y selección de autoridades, reconociendo la importancia de los méritos.

Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, plantea una transformación “histórica” de la justicia bajo la promesa de no usarla políticamente y de “romper el monopolio absoluto de la clase política”. Su propuesta más específica es la creación de “Centros ciudadanos de justicia” en reemplazo de los “Palacios”, donde funcionarían tribunales, instancias arbitrales y de conciliación, fiscalías, etc. Como en otros temas, también en éste CC plantea la revisión de lo obrado mediante “mecanismos extraordinarios” y reforma constitucional, aunque solamente la menciona haciendo referencia al artículo 411 de la actual Constitución. 

La Alianza Bolivia Dijo No, de Oscar Ortiz, coincide en mucho del diagnóstico y los objetivos de los otros dos, y plantea conformar una comisión técnica de alto nivel para la preselección de autoridades, aunque somete su decisión a la Asamblea Nacional, cuyos dos tercios de votos se buscarían también para el Fiscal. Su novedad está en repetir este mecanismo a nivel departamental, de modo que las Asambleas eleven ternas para los fiscales departamentales. La novedad más importante en la propuesta de BDN es la de multiplicar el presupuesto para el sistema judicial de manera que llegue al 4% del general. Esto representaría más de seis veces el nivel actual y tendría un enorme impacto al dar viabilidad al fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal y el reclutamiento de jueces y fiscales por méritos. Sabemos que los mejores ni se presentan si la remuneración es baja por lo que la propuesta, aunque sencilla, es gigantesca. 

La UCS de Cárdenas plantea también incentivos al personal y a los tribunales, mediante mecanismos competitivos para asignarlos. También propone un mínimo de 20 años de experiencia para los magistrados, con designación indefinida hasta que cumplan 75 años de edad. El MNR de Lema plantea de manera directa la eliminación de las elecciones judiciales para asegurar la independencia del sistema con la designación de “los mejores”. 

Por supuesto que los temas de independencia judicial, organización de los tribunales, financiamiento y procedimientos de selección, son importantes y es bueno ver plasmadas al respecto algunas ideas concretas en los programas. 

Pero uno se pregunta si una propuesta de transformación profunda no debería plantear, también, el desafío de superar nuestro obsoleto y rígido sistema legal basado en códigos y procedimientos formalistas, para reconocer que los cambios en la sociedad y la economía se han acelerado, y que hoy existen otras fuentes del derecho y la norma que deben ser acogidos mediante mecanismos basados en la jurisprudencia, la experiencia, los acuerdos entre partes y las normas que surgen en el ámbito internacional privado. Tal audacia, sin embargo, sería irresponsable si no se contara con jueces especializados y bien remunerados para impartir justicia, caso por caso, que es el nivel en el que todos vivimos.