El oficialismo propone declarar “enfáticamente” como prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes; y mejorar, además,  la justicia en cuanto a procedimientos, recursos y medios, para que la población logre que sus procesos sean resueltos sin dilaciones y de manera oportuna. 

“Por su importancia, se dará especial énfasis en los casos de feminicidios y violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes”, se lee en su plan electoral.

Por su parte, CC plantea “intervenir el sistema de primera respuesta a la violencia sexual y física contra las mujeres –constituida por la Fiscalía, la Policía Nacional y el sistema de justicia– para dar respuesta inmediata a la impunidad y dar seguridad a miles de mujeres en riesgo de violencia (de la pareja íntima y familiares)”.

Esta organización política propone también “dar impulso a un nuevo pacto social para prevenir, sancionar y erradicar la violencia  contra  las mujeres;  en especial, el feminicidio”.

Si bien los frentes  PDC, MNR y MTS no hacen referencia directa al tema del feminicidio, tienen propuestas sobre la violencia hacia la mujer.

Proponen desde  abrir el debate de la pena de muerte en casos de violación hasta promover la empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia.

De enero a la fecha, en Bolivia se registraron  80 casos de feminicidio. El más reciente fue la muerte de María P. de 75 años, a causa de fuertes golpes propinados por su esposo.

 El tema del feminicidio salió a flote en el ámbito político tras las declaraciones del Gobernador de La Paz y candidato a la presidencia por el MTS, Félix Patzi, quien  afirmó que “el problema de celos y la borrachera son lo que lleva al feminicidio” y subrayó  que “para evitar más feminicidios debemos preservar la familia y la comunidad”. La  declaración desató una ola de críticas en su contra.

Punto de vista
Patricia flores  Especialista en Género

 Se debe ir un paso más allá

Evidentemente hay un grado de pertinencia en las propuestas electorales, pero se debe ir un paso más allá, definitivamente en el problema estructural de la justicia. Es algo que se tiene que encarar sí o sí, pero, por otro lado, implica medidas concretas. La ciudadanía ya no puede quedarse en la discursividad, no es suficiente plantearlo de una manera tan genérica, ante la gravedad de esta situación. 

Se necesitan acciones concretas: fiscalías e instancias judiciales, en todos los municipios, específicamente dedicadas a atender la violencia contra las mujeres, como prioridad, seguidas de esta mirada integral a quienes padecen mayor violencia, que son las niñas y niños. 

Pero, fundamentalmente, son necesarias instancias de justicia focalizadas a frenar la violencia contra las mujeres, eso significa presupuestos concretos, de dónde van a salir los recursos.

 Se requieren instancias de la Policía como la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, pero con recursos.  No sirven si no tienen los recursos para socorrer efectiva, rápida y oportunamente a las mujeres que sufren violencia, además de las medidas integrales que involucren a gobernaciones, municipios, al Gobierno  central y al Órgano Judicial en su conjunto.