Ventajas impositivas y estabilidad contractual son algunas de las propuestas.

EL DEBER

Las organizaciones políticas en carrera para las elecciones generales de octubre tienen escasas propuestas para mejorar la inversión extranjera en Bolivia. Según el informe de la Cepal, la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó a $us 316 millones en 2018, registrando el nivel más bajo alcanzado desde el año 2007.

El Movimiento al Socialismo (MAS) que gobierna desde hace 13 años el país, en su programa de gobierno no establece claramente las medidas para promover la inversión privada, simplemente menciona como uno de sus objetivos de la agenda 2020-2025, el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con el sector privado en actividades productivas.

Su mayor esfuerzo está basado en la industria del litio, en la que plantea inversiones fuertes en el próximo quinquenio. Comunidad Ciudadana que postula a presidencia a Carlos Mesa, propone “crear condiciones de seguridad jurídica y un clima apropiado para promover las inversiones privadas.
Las políticas para mantener equilibrios macroeconómicos configurarán el clima favorable a las empresas y al emprendedurismo”, dice en su programa de gobierno. Por su parte, Bolivia Dice No de Óscar Ortiz, propone priorizar la búsqueda de inversiones a la exploración minera, bajo un régimen de incentivos tributarios adecuados, la garantía de seguridad jurídica y estabilidad en los contratos, además de la formación de un fondo de exploración minera con recursos disponibles de capital de riesgo.

Por otro lado, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) propone incrementar la inversión privada a través de mega proyectos, el tren bioceánico, el tren circular interno, las represas hidroeléctricas, para conseguir el interés manifiesto de empresas extranjeras de invertir en proyectos mineros (litio, oro, siderurgia) e hidrocarburíferas, a través de lo que han denominado Revolución Productiva Industrial de Bolivia, “Repib”.

Mientras, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR ofrece abrir la economía a la inversión extrajera directa en los rubros de minería, agricultura, litio y la instalación de industrias de transformación; otorgar ventajas impositivas a empresas que reinviertan y hagan transferencia tecnológica y generen empleo.