Aunque parece casi imposible abstraerse de la corriente que nos lleva, inevitablemente, a ser bombardeados con toda la información que se genera en torno al proceso electoral y estar en medio del fuego cruzado entre candidatos de uno y otro frente, que más parecen obsesionados en convencernos de por qué no votar por los otros en lugar de por qué votar por ellos, quisiera apartarme un poco de este escenario, no sin dejar de manifestar mi sorpresa por la aparición en las listas de candidaturas de algunos impresentables, que en el pasado cercano han hecho gala de conductas y declaraciones machistas y homofóbicas, así como de propuestas lanzadas a la ligera, tales como eso de que las personas de diversa orientación sexual e identidad de género son mencionados en la Constitución Política del Estado pero no se les reconoce derechos, que una ministra deba trabajar cama adentro con el jefe encima, que las niñas víctimas de violación debieran ser obligadas a ser madres o aquello de que hay que armar a las mujeres o imponer la pena de muerte para erradicar la violencia.

Solo pensar que algunos de ellos podrían llegar a representarnos en la Asamblea Legislativa, causa escalofríos o que tales propuestas normativas, efectivamente, se plasmen en proyectos de ley, resulta inaudito. Ojalá previamente pasen un curso intensivo de derechos humanos y sean capaces de comprender que aquello de que “todos somos iguales en dignidad y derechos” no es solo un cliché, que alguien les explique qué implica la gestión pública en un Estado Laico y que reciban un baño despatriarcalizador obligatorio antes de asumir funciones.

Pero el tema que me ocupa no tiene que ver con las elecciones, más sí con la discriminación e intolerancia y es que una publicación que circuló días atrás en redes sociales, que, aunque hace alusión a una agrupación política, que podrá tener adeptos y detractores, utiliza a las mujeres afrobolivianas para denigrarlas de una forma ruin e inaceptable, lo que retrata dos situaciones que creo valen la pena considerar.

La primera, es que para algunas personas la libertad de opinión y de expresión parecieran no tener límites, como si se tratará de derechos absolutos para quienes los derechos de los demás no contarían, nada más alejado de la verdad y es que además los discursos discriminatorios y de odio, de ninguna manera pueden ser acogidos como parte del ejercicio de los citados derechos.

La segunda, es que el sentimiento de superioridad y desprecio hacia quienes se considera inferiores como en el caso mencionado, puede ser aún más agresivo cuando la discriminación responde a más de una categoría social, y es que el enfoque de la interseccionalidad subraya que el género, la etnia, la clase u orientación sexual, entre otros, están interrelacionadas y que hace que muchos ataques sean aún más intensos hacia quienes suman más de una de estas categorías, por tanto, las discriminaciones pueden ser originadas por una sola causa pero también por la articulación de estas, lo que requiere un análisis multidimensional de la discriminación. Así que no es casual que, en una sociedad patriarcal como la nuestra, el ataque lanzado haya tenido un componente racista y otro de género.

Pocos días atrás, coincidentemente, el 25 de julio fue el Día Internacional de la Mujer Afro-latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, ocasión en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación por la diseminación de discursos estigmatizantes que generan la objetificación, sexualización e inferiorización de las mujeres afrodescendientes como resultado de procesos históricos de esclavitud, colonialismo, explotación y exclusión social de este grupo e hizo un llamado a los Estados a erradicar los discursos estigmatizantes hacia las mujeres afrodescendientes.

Pero además la CIDH hizo un recordatorio que me hace volver a la primera parte de esta columna y es que las autoridades públicas juegan un rol destacado en la formación de percepciones sociales, por lo que deben adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia por razones discriminatorias, para lo cual, se requiere su involucramiento activo y contundente en la adopción de medidas para la efectividad de los principios de igualdad y no discriminación, hacia la eliminación de todas las formas residuales y nuevas formas de discriminación orientado a la construcción de un clima de tolerancia y respeto, y que se abstengan de realizar declaraciones discriminatorias que expongan a grupos en situación de vulnerabilidad a un mayor riesgo de actos de violencia.