Quedan 65 días para las elecciones nacionales. Transcurrió poco menos de un mes del inicio formal de la campaña proselitista y el escenario que se presenta es denso y más cargado de confusión que de claridad para que los bolivianos decidan acerca del futuro de Bolivia.

El escenario que crean los políticos está lejos de la realidad cotidiana, el votante se da cuenta y lo rechaza. Uno de los elementos determinantes de este último periodo ha sido que el Tribunal Supremo Electoral terminó avalando que dos partidos políticos sustituyan a sus principales candidatos.

En el caso de Bolivia Dice No, la abogada Shirley Franco sustituye a Edwin Rodríguez; en el caso del PDC, se sabe que se busca a un presidenciable que reemplace a Jaime Paz Zamora.

De nada valieron los argumentos de la Ley de Organizaciones Políticas, con los que se consolidaron las elecciones primarias, que señalaban que lo que los militantes definieran en tales comicios sería de cumplimiento obligatorio y que los postulantes seleccionados por mayoría no podían ni renunciar ni ser echados, salvo muerte o enfermedad gravísima.

Los vocales ensayaron varias justificaciones y se quedaron con la última: “Las elecciones eran vinculantes para los partidos, no para los candidatos”.

Esas decisiones son las que provocan más desconfianza en quienes deberían tener aplomo para administrar los comicios.

Durante este tiempo también surgieron insólitas y censurables amenazas, como la de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que advierte con movilizaciones permanentes si el MAS no logra los dos tercios en la Asamblea Legislativa.

Es tan burda la afirmación que el presidente tuvo que salir a aclarar que no está en sus planes cerrar el Congreso, como en Venezuela, ni llamar a Constituyente, aunque añade que hay leyes que deben ser modificadas.

Al respecto, es preciso dejar claro que lo que Bolivia necesita es independencia de poderes, respeto a la institucionalidad y, sobre todo, al voto de los ciudadanos.

La carrera electoral está convertida en una guerra entre candidatos. Acusaciones van y vienen, como si los hechos se- ñalados hubieran ocurrido recientemente, lo que demuestra que los políticos están dispuestos a todo con tal de hacerse del poder.

En la vereda del frente está el movimiento cívico nacional que ha convocado un paro el 21 de agosto insistiendo en que renuncien los vocales del Tribunal Electoral y que se inhabilite al binomio Morales-García Linera, ya que su candidatura fue rechazada en un referéndum, cuyos resultados ignoraron los tribunales electoral y constitucional. En contrapartida, los sectores afines al MAS amenazan con impedir la medida de presión, lo que caldea el ambiente.

La campaña avanza en una burbuja y mientras tanto hay señales de alarma que deberían ser tomadas en cuenta: muy baja inversión extranjera directa; caída de las exportaciones que provoca caída de las reservas internacionales o la preocupación internacional por la apertura de mercados ilegales de la coca. Aún quedan dos meses de campaña electoral.

Los relatos de los responsables de marketing político de los partidos están inundando los programas políticos y también las redes sociales.

Es bueno detenerse ante semejante avalancha de discursos, para meditar y reencaminar las cosas. Es tiempo de que los candidatos sintonicen con las reales inquietudes de los ciudadanos. Si no lo hacen ahora, será difícil que siendo gobierno (gane quien gane), las políticas ejercidas den respuesta a las necesidades de la población.