Tres altas autoridades del Órgano Judicial están siendo investigadas por la comisión de siete delitos en tres diferentes casos. Omar Michel, consejero de la Magistratura; Carlos Égüez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y Gonzalo Hurtado, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, son las autoridades que están bajo la mira.

En diferentes casos, los funcionarios judiciales son observados por los delitos de uso indebido de influencias, concusión, asociación delictuosa, beneficios en razón del cargo, contribuciones y ventajas ilegítimas, favorecimientos ilícitos y vínculos con el narcotráfico.

En este sentido, se solicitó que las autoridades pidan licencia mientras duren las investigaciones, pero los presuntos involucrados aseguraron que no dejarán sus cargos debido a que rechazan las acusaciones.

El consejero de la Magistratura Omar Michel tiene un proceso penal por cinco delitos que fueron asociados a las presuntas presiones que habría ejercido sobre una jueza de Tarija para dejar en libertad al acusado del feminicidio de Dayana Alemán.

Carlos Egüez, magistrado del TSJ, es acusado por presuntos favorecimientos ilícitos en un proceso durante las elecciones judiciales. La autoridad tenía una denuncia en su contra; sin embargo, fue retirada. Según denunciaron, se tuvieron presiones para que la notaria electoral Josefina Canchi cambie su versión.

En el caso del magistrado del TCP Gonzalo Hurtado, fue mencionado en las declaraciones del caso del narcotraficante Pedro Montenegro, que es acusado por narcotráfico. En este sentido, el vínculo con el narcotráfico es el presunto delito.

Al respecto, el abogado constitucionalista William Bascopé señaló que sólo si hay una imputación formal o una medida cautelar, las autoridades están obligadas a dejar sus cargos.

“Si hay una denuncia en la Fiscalía, ellos tienen que someterse a una investigación. Aunque eso no es causal para que se suspenda; la suspensión de uno de estos magistrados puede ser de manera voluntaria o que el pleno le diga que se someta, porque puede seguir por el principio de inocencia”, aseguró.

En el caso de Eguez y Omar Michel, hay dos solicitudes de juicio de responsabilidad en la Asamblea Legislativa. La Fiscalía, la Magistratura y el TSJ también iniciaron investigaciones.

MAGISTRADOS PODRÍAN TENER JUICIOS PARALELOS

César Cabrera, abogado constitucionalista, señaló que si se inicia un juicio de responsabilidades —como corresponde en el caso de las autoridades judiciales observadas—, el mismo no excluye la posibilidad de iniciar un proceso penal.

El jurista explicó que si bien el juicio de responsabilidades está “diseñado” para este tipo de autoridades, las mismas también podrían ser sometidas a un juicio penal.

“No se puede dar un trato diferente a las autoridades judiciales, no excluye el proceso administrativo el hecho de iniciarse procesos penales porque son actos de corrupción, están queriendo sacar alguna ventaja por el cargo que ejercen”, detalló.

A pesar de que los procesos tienen el principio de presunción de inocencia, Cabreara consideró que “por ética o por moral mínimamente deberían pedir licencia hasta que dure el proceso”. Los tres magistrados continúan en sus cargos y no solicitarán licencia.