“La pretensión de Saavedra sobre la Curva de Holguín afecta 13.994 metros cuadrados de propiedad municipal, aires de río y corredores verdes del Orkojahuira”, señala el punto tres de las conclusiones y recomendaciones del documento que entregó la legisladora a sus pares del Concejo Municipal.

Chacón distribuyó el texto con la intención de que el ente legislativo lo analice, pida explicaciones al Ejecutivo municipal y proceda conforme a la normativa vigente. Paralelamente, envió la documentación a la Fiscalía, donde se investiga este caso por delitos de corrupción.

La investigación de Chacón, a la que tuvo acceso Cambio, hace un repaso de todas las irregularidades que se presentaron en ese caso, en que el concejal Fabián Siñani, de SOL.bo, está en calidad de denunciado.

La legisladora indica que Edwin Saavedra Toledo intentó en la década de los noventa, durante la gestión de Germán Monroy Chazarreta, apropiarse de todo el cerro de la Curva de Holguín, es decir de 84.426 metros cuadrados.

Pero Saavedra no acredita ser propietario de 47.710 metros cuadrados en esa zona, como pretende hacer prevalecer en los trámites que realiza ante la Alcaldía paceña.

Para materializar sus intereses, suscribió “acuerdos ilegales y lesivos a los intereses del Estado”, con los que finalmente consolidó en su favor 13.994 metros cuadrados de propiedad municipal.

Por ejemplo, con el exalcalde Juan del Granado rubricó un acuerdo “conciliatorio de derecho propietario” que nunca fue aprobado por el Concejo Municipal y que le reconocía a Saavedra más terreno del que acreditaba.

El Concejo Municipal aprobó de manera irregular el cambio de uso de suelo de esa área de aires de río, es decir no edificable, a equipamiento, que sí permite construcciones, mediante la Ordenanza 538/2016, del 15 de diciembre de 2016.

Ese trámite fue iniciado por Maricruz Medrano, esposa del concejal suspendido Fabián Siñani, quien participó en la aprobación de dicha ordenanza.

Saavedra consiguió rubricar un convenio con el alcalde Luis Revilla, el 9 de agosto de 2017, que le reconocía 13.994 metros cuadrados fuera de los acreditados legalmente. Ese pacto, además, fue ratificado por una ordenanza municipal, la 500/2017, del 19 de diciembre de 2017.

Para que Saavedra consolide en su beneficio los 13.994 metros cuadrados de propiedad municipal ocurrieron muchas irregularidades tanto en el Concejo como en el Ejecutivo municipal, según el informe de la concejala.

“De las respuestas proporcionadas por las distintas instancias del Ejecutivo municipal se hace indudable la desaparición o sustracción de documentos relevantes, negligencia, encubrimiento y obstaculización sistemática a toda acción fiscalizadora”, señala el texto.

“De 2011 a la fecha desaparecieron planos que identificaban la propiedad municipal y la propiedad privada en la zona, informes técnicos y jurídicos que respaldan convenios, resoluciones y ordenanzas municipales”, apunta Chacón.

La edil considera que los exalcaldes Juan del Granado y Luis Revilla, además de otros funcionarios, incurrieron en 10 delitos penales: enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.

Además del delito de avasallamiento de propiedad pública, daño al medio ambiente, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, responsabilidad administrativa y otras emergentes por la función pública.