El diputado de oposición, Rafael Quispe, manifestó que los vocales que firmaron la resolución mediante la cual autorizan el reemplazo de candidatos, deben ser sometidos a un proceso de tipo penal, porque no están cumpliendo ni aplicando de manera correcta las normas, menos el carácter vinculante de los procesos electorales establecido en la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.

“Esperamos la notificación a Bolivia Dice No, y esa será la prueba plena para procesarlos penalmente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, que firmaron (la resolución) por incumplimiento de deberes y daño económico al Estado”, sostuvo Quispe.

A esto se sumó el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, quien aseguró que la Ley 1096 fue flagrantemente vulnerada. Cuestionó que los vocales hayan usado el mismo argumento que empleó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para habilitar la candidatura del binomio oficialista. Aplicar de forma preferente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Al respecto, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, explicó a El Deber Radio de Santa Cruz, que el carácter vinculante de las Elecciones Primarias era para las organizaciones o alianzas políticas y no así para una sola persona, porque afecta los derechos políticos de todo un partido y sus militantes. Por eso es que se decidió habilitar la sustitución de los presidenciables.

“Revisando la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, sale la recomendación a los estados. Sabiendo que la plataforma política está compuesta por los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y los militantes, por tanto debe darse lugar a la sustitución (de candidatos) como un ejercicio del derecho político de la ciudadanía”, puntualizó la autoridad.

ANTECEDENTES

Las Elecciones Primarias se desarrollaron el pasado 27 de enero, el Tesoro General de la Nación (TGN) erogó un total de Bs 26.9 millones para el desarrollo del proceso electoral en el interior de cada una de las organizaciones políticas para que elijan a sus candidatos para el binomio presidencial.

El artículo 29 de dicha Ley, establece que las elecciones primarias son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y que las únicas causales de dimisión de los binomios es una enfermedad grave o la muerte.

En una anterior oportunidad, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, anunció que una vez presentada las listas de candidaturas a senadores y diputados, se aplicará el artículo 108 de la Ley 026 de Régimen Electoral. Que establece que en caso de que los candidatos no cumplan con los requisitos serán inhabilitados y sustituidos.

Jaime Paz Zamora, renunció a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) al igual que en la alianza Bolivia Dice No, el candidato a la Vicepresidencia, Edwin Rodríguez dimitió de esa postulación.

En el Frente Para la Victoria (FPV) no fue registrado su candidato a la Vicepresidencia electo en las primarias, Faustino Challapa. Estos personajes no presentaron sus requisitos y fueron inhabilitados por el TSE en base a la norma señalada.

CONSULTA

El excandidato a la vicepresidencia por BDN, Edwin Rodríguez, dijo que el Órgano Electoral debió solicitar una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para solucionar la colisión de dos normas, la Ley 026 y la 1096, que exige la obligatoriedad de las primarias y la sustitución de candidaturas, respectivamente.

El diputado opositor, Wilson Santamaría, manifestó que desde el comienzo del proceso electoral rechazaron las Elecciones Primarias, porque solo tenía el objetivo de legitimar la candidatura del binomio oficialista. Además cuestionó el desacuerdo que existe entre los vocales del TSE.

RENUNCIA

Los cívicos del país definieron convocar aun para nacional para el 21 del mes en curso y de carácter indefinido a partir del 10 de octubre, con tres demandas: la renuncia de los vocales del órgano electoral porque no garantizan un proceso transparente, que el binomio oficialista renuncie a su candidatura y que se respeten los resultados del 21 de febrero del 2016.

Al respecto, Costas, dijo que no existen causales para que los colegiados demitan de sus cargos, respetan esas movilizaciones y aseguró que las determinaciones están en base a la normativa vigente.