El País ha sufrido transformaciones los últimos años, que han modificado el funcionamiento general del Estado, hace una década entró en vigencia la nueva Constitución y los legisladores en una frenética tarea dictaron su legislación de desarrollo, impulsados seguramente por el afán de que su aplicación fuera plena e inmediata. En ese sentido, una gran parte de la población creyó que mejorarían los Servicios Públicos, como por ejemplo la Justicia y la Seguridad, también muchos pensaron que a través de leyes más severas se desalentaría la comisión de varios delitos e inclusive se justificó la dictación de un nuevo Código de Procedimiento Civil, bajo el argumento de que los procesos judiciales serían expeditos y la gente sentiría que sus derechos se hacían realmente efectivos. ¿Sucedió eso?, vale la pena examinar el tema, precisamente porque la solución de muchos de nuestros problemas pasa en buena medida por tener un buen Sistema Judicial y porque tenga la fuerza pública un correcto funcionamiento. En consecuencia, ¿es mejor la actual legislación?, ¿los jueces son más idóneos que los anteriores?, ¿se manejan los fiscales con imparcialidad?, cada uno tiene sus propias respuestas, sin embargo fuera de las consideraciones señaladas, la Policía es una institución que debe hacer una reforma profunda en su interior, las reiteradas denuncias contra la fuerza pública nos están advirtiendo sobre una realidad preocupante, no pueden estar bajo sospecha quienes tienen la tarea de proteger. Las encuestas nos están indicando que en estas elecciones presidenciales la principal preocupación de la gente dejó de ser el empleo y ahora es la corrupción, así lo confirman los resultados obtenidos por la Empresa Mercados y Muestras, en marzo de este año, de forma que el Pueblo percibe que será el principal problema que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno, esto significa que el propio Sistema de Defensa de la Sociedad se encuentra en entredicho. Indudablemente guardan relación con esas percepciones, las reiteradas denuncias y escándalos que estallan contra la Policía Nacional, solamente para referirnos a algo concreto, en los tres meses de la gestión del anterior Comandante General el señor Rómulo Delgado, se hicieron públicos cinco escándalos de corrupción en la institución del orden, entre los que figuran las denuncias que se hicieron respecto a cobros ilegales en la Academia Nacional de Policías; en el mismo sentido mediante las denuncias sobre cobros por la asignación de destinos o las acusaciones respecto a violaciones sexuales cometidas por efectivos en las cárceles. El Ministerio Público también tiene cuestionamientos, el Fiscal Parra en Santa Cruz admitió recientemente que fue una bala de los agentes del orden, la que acabó con la vida de Ana Lorena Tórrez en la Joyería Eurochronos, pese a esto confiesa que no imputó a ningún uniformado debido a ese hecho. Para que exista Seguridad y Justicia, es necesario que generen confianza quienes intervienen tanto en la captura de los sospechosos, como los que intervienen en los procesos penales y en la investigación de los delitos, preocupa que la corrupción este socavando la institucionalidad del Estado, no podemos sentirnos seguros mientras no se den señales claras de que se está actuando en correspondencia con este grave problema. Aunque la corrupción involucra todas las esferas de la Administración Pública, es evidente que quienes la investigan no pueden estar bajo sospecha, solo así podremos tener la certeza de que se está encarando esta problemática con seriedad y la gente podrá percibir que existe el compromiso político de luchar contra este flagelo.