De acuerdo con un boletín institucional, en la reunión Arce precisó que la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)  "desarrolla el artículo 256 de la Constitución Política del Estado boliviano en función y en estricta aplicación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica".

También se señala que Arce recordó a Almagro, uno de los críticos a la reelección del Mandatario, que el caso boliviano no es el único en Latinoamérica, al existir antecedentes de tres países que efectuaron la misma interpretación del Pacto, por ello entregó al Secretario General una copia de las sentencias y resoluciones constitucionales dictadas en Costa Rica, Honduras y Nicaragua que coinciden en una interpretación similar de la sentencia dictada en Bolivia.

La noche del lunes Almagro, a través de su cuenta oficial en la red Twitter, calificó como cordial el encuentro con la autoridad boliviana aunque no hizo referencia al tema de la reelección en Bolivia.  “Cordial reunión con el Ministro de Justicia Héctor @ArceZaconeta sobre trabajo de #Bolivia en @OEA_oficial”, publicó.

Almagro, en varios ocasiones, recurrió a las redes sociales, para criticar la decisión de Morales de repostular al cargo sin tomar en cuenta el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 donde el No a la repostulación venció al Sí por estrecho margen.

"@evoespueblo deberá respetar decisión popular q dijo NO a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo", escribió Almagro en su cuenta Twitter en septiembre del año pasado en medio de la decisión del Movimiento Al Socialismo (MAS) de recurrir al TCP para buscar una nueva reelección presidencial.

Morales llegó a la Presidencia en enero de 2006 y fue reelegido en dos ocasiones: 2009 y 2014.

En octubre de 2017, legisladores de oposición denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA la decisión del MAS de buscar la repostulacion de Morales por encima del referéndum del 21F; y en enero de este año los exdefensores del Pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena presentaron ante esa institución una demanda contra el Estado boliviano por el incumplimiento de los resultados del referéndum y demandaron se deje sin efecto el fallo del TCP. El recurso fue admitido el 11 de febrero.

Arce lamentó que algunas fuerzas opositoras y actores políticos bolivianos estén tratando de sorprender a la CIDH y a la misma Secretaria General de la OEA solicitando medidas cautelares y otros procedimientos absolutamente improcedentes, según señala el boletín.