Es una de las reacciones de los movimientos de mujeres ante la participación del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en las movilizaciones recientes frente al crecimiento de la violencia hacia las mujeres y las niñas y niños, expresada en los altos índices de feminicidio y violaciones, junto a las diversas expresiones de abuso y maltrato.

Al respecto es bueno recordar que las temáticas de género y generacional en Bolivia nunca fueron parte de la iniciativa estatal y que solo fueron abordadas en la agenda pública fruto de la acción por una parte de un movimiento amplio de la sociedad civil a favor de los derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes y, por la otra, por consensos internacionales impulsados desde Naciones Unidas, que en la década de los 90, se tradujo en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley Nº 1599, 1994) y la Convención sobre los derechos del Niño (Ley Nº 1152 – 1990), en cuyo marco en el plano interno primero se sanciona la Ley contra la violencia en la familia o domestica (Ley Nº 1674, 1995), y luego la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348, 2013), y en el ámbito de la niñez, primero la Ley Nº 1152 de creación de las defensorías de la niñez y adolescencia el año de 1992 y luego el Código del Niño, Niña y Adolescente en sus dos versiones (Ley Nº 2026 -199 y Ley Nº 548 – 2014)

Si bien estos avances en el plano normativo se consolidan con la constitucionalización por primera vez de los derechos de las mujeres y de la niñez y adolescencia al ser incorporados ambos aspectos en la nueva Constitución Política del Estado (CPE); pero por otro lado a contrapelo de estos logros sustantivos, persisten altos niveles de violencia contra las mujeres y contra las niñas, niños y adolescentes, puesto que más de cuatro de cada diez mujeres y más de ocho de cada diez niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia en el ámbito familiar.

¿Por qué luego de más de cinco lustros de aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y de la Convención sobre los Derechos del Niño y de algo más de 20 años de creación de las defensorías municipales de la niñez, los juzgados de la niñez y adolescencia y los Servicio Legales Integrales a favor de las mujeres, persisten los altos índices de violencia hacia la niñez y las mujeres?

No hay duda que es clave recordar que la violencia es un fenómeno multicausal y multifacético, pero sobre todo relievar que en la base de conductas violentas esta la consideración que las mujeres son propiedad de los hombres y que en esa condición, pueden ser sometidas a controles, escrutinios y maltratos, y por la otra, la niñez y adolescencia es propiedad de los adultos en tanto seres carenciados y por tanto seres “limitados e inferiores” respecto a los adultos, legitimando el control y la violencia ejercida por una sociedad machista, patriarcal y adulto céntrica.

Desmontar este enfoque enraizado históricamente en nuestra sociedad solo es posible desde el ámbito preventivo educativo y al parecer la escuela es el espacio privilegiado para el desarrollo de una cultura de equidad de género y generacional y de concentración e irradiación de estrategias orientadas al mejoramiento del buen trato, como lo vienen haciendo un sinnúmero de experiencia desde instituciones de la sociedad civil como el Proyecto “Con niñas y niños, viviendo con buen trato se transforma el maltrato y la violencia” implementado en las escuelas del Macro Distrito Centro de La Paz y el Plan Tres Mil en Santa Cruz de la Sierra por una alianza entre la Fundación La Paz y la Fundación SEPA, experiencia evaluada como exitosa, pero que a la fecha no es asumida su sostenibilidad por el Ministerio de Educación y los gobiernos municipales.