La decisión asumida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto de las renuncias a las candidaturas –salvo la del ciudadano que fue inscrito como aspirante a la vicepresidencia del Estado por el Partido de Acción Nacional Boliviana– es, a todas luces, contradictoria con el carácter vinculante que se supone tenían las elecciones primarias realizadas el 27 de enero. 

Las elecciones primarias tienen el propósito de darle voz, tanto a la ciudadanía como a la militancia, para elegir candidatos. Una vez que estos fueron consagrados como tales por el voto popular, sus nombres ya no pueden ser retirados ni cambiados, salvo circunstancias extremas como la muerte.

En Argentina, por ejemplo, tuvieron lugar las elecciones primarias que decidirán quiénes serán los candidatos para las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Una vez consagrados estos, y excluidos quienes no superen el 1,5 por ciento de los votos, no se cambiará a nadie. Pero existe una evidente diferencia entre esas primarias y las nuestras: las argentinas se realizan a solo dos meses de sus presidenciales mientras que las bolivianas se llevaron a cabo 10 meses antes. En ese lapso pasaron muchas cosas, entre ellas las renuncias.

El detalle es que, como se está viendo en los hechos, las primarias bolivianas no fueron convocadas para consultar, al ciudadano y a los militantes de partidos políticos, quiénes quieren que sean sus candidatos, sino para legitimar la candidatura inconstitucional de Evo Morales y Álvaro García. Toda la estructura del poder en Bolivia, incluido el Órgano Judicial, visiblemente al servicio del gobierno central, se mueve, desde hace meses, para conseguir la habilitación del binomio oficialista. En ese sentido actuó el Tribunal Constitucional y así actúa ahora el TSE.

Pero, si de retrocesos hablamos, ¿qué tal la actitud del propio TSE cuando el Presidente ofreció “lo que ustedes pidan” a los votantes de Morochata (Cochabamba), si es que los resultados electorales en ese municipio le favorecían con el 100 por ciento, en una clara violación al artículo 119 de la Ley del Régimen Electoral? Lo que hizo el TSE fue admitir, varios días después, “una posible vulneración” a esa norma y, como todos sabemos, la infracción quedó en nada.

Por lo visto, y ante una nueva interpretación de la normativa a favor de los gobernantes, es cada vez más evidente que las elecciones bolivianas han sido convocadas para legalizar, a como dé lugar, una nueva reelección del binomio oficialista.