Una nueva filtración de audios completos sobre la presunta corrupción en Quillacollo, cuya primera parte se denunció en 2017 y luego en 2019, detalla los casos de presunta microcorrupción y distribución de sobornos entre funcionarios principalmente en la gestión de Zacarías Jayta (FVP aliado al MAS).

La primera filtración de audios se registró el 17 de julio y aportó indicios sobre la participación del diputado Lucio Gómez, del MAS, que junto con la declaración de testigos condujeron a su aprehensión.

En las grabaciones se puede escuchar al exsecretario general de la Alcaldía Grover Corrales hablar con su entonces secretaria Nedenka Mercado y su asistente Jesús Saldívar sobre la planificación de cobros irregulares por trámites de regularización de lotes en la zona sur a cambio de pagos para que no se realicen las cesiones al municipio.

El exsecretario pide que se “ayude” a un exdirigente del Control Social (Roberto) a adjudicarse dos obras.

“Quiero que le ayuden. Hay dos pequeñas (licitaciones) una que ha caído en medicamentos y otra más. Que ejecute eso, necesita para casarse”, expresa Corrales.

La instrucción de colaboración habría sido ordenada por Jayta, pese a que a que uno de los interlocutores asegura que existen antecedentes de que el exdirigente habría realizado trámites irregulares de urbanizaciones desde la gestión de Eduardo Mérida.

Corrales fue sentenciado en un proceso abreviado a cuatro años por concusión y uso indebido de influencias el 12 de julio, luego de presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público. Actualmente está en San Pedro.

En los audios también se hace referencia a existencia de una fórmula para cobrar “aportes ilegales” a empresas que se adjudiquen proyectos.

El procedimiento para establecer el monto habría sido definido en primera instancia por los concejales.

En la conversación, Mercado indica cómo se logró cobrar el 10 por ciento por la adjudicación de un proyecto de seguridad ciudadana.

El material filtrado abunda en detalles de quiénes conformaban y cómo operaba la red.

La microcorrupción era empleada por los funcionarios para cancelar algunos gastos operativos, como comida y transporte.

Testigo

Gran parte de los audios filtrados ayer a la prensa ya fue entregada al Ministerio Público por uno de los testigos del caso y asistente del secretario general del municipio, Grover Corrales Zurita, en la gestión de Jayta.

El propósito es revelar la red que presuntamente operó en tres municipios: Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe a través de funcionarios, empresarios, emisarios y abogados.

Testigo entregó audios y otros materiales al Ministerio Público para que indague los nexos de la presunta red de corrupción.

LA FISCALÍA MANTIENE LA RESERVA DE INVESTIGACIÓN

La reserva del caso audios persiste aunque estaba previsto que concluyera el pasado viernes, porque culminó el plazo de 10 días, informó ayer el presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Rene Fernández.

La autoridad dijo que solicitarán al Ministerio Público información sobre los motivos por los que se habría ampliado el plazo. La restricción del caso comenzó el 5 de julio. Fuentes cercanas señalaron que la reserva se levantará el miércoles.

La denuncia del caso audios surgió en 2017 y se amplió el 9 de enero a denuncia del alcalde suspendido Eduardo Mérida contra el exalcalde Zacarías Jayta y el expresidente del Concejo Víctor Osinaga (MAS).

En siete meses de averiguaciones, se logró detener preventivamente a 10 exautoridades, exfuncionarios, empresarios y sentenciar a un implicado.

En las últimas semanas, el diputado del MAS Lucio Gómez obtuvo detención domiciliaria, mientras que otras dos personas aún son buscadas.