Gracias a controlar a esos jueces y fiscales es que el régimen ha generado una serie de contrastes y abusos. Veamos algunas de ellas:

Mientras está libre el exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, quien entre otras irregularidades mandó a construir un puente que colapsó y que generó una pérdida de 11 millones de bolivianos, José María Leyes, su sucesor, está detenido por el caso “mochilas”, pese a que no realizó ningún desembolso en el marco de ese contrato.

Mientras se acusa a la esposa del alcalde de La Paz, Maricruz Ribera, de que funcionarios de la Alcaldía se desempeñaron como voluntarios de su iniciativa “Soy mi primer amor”, el gobierno central obliga a miles de funcionarios a participar en diferentes eventos a favor del MAS y del presidente Morales. Incluso deben pagarse, ellos mismos, sus pasajes y viáticos cuando son forzados a viajar al interior del país. Pero nadie es investigado.

Mientras un fiscal autorizó la sindicación contra el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, por el asfalto utilizado en el tramo Santa Ana-Yesera, por un supuesto daño de 95.000 dólares (95 mil), el ministro de Obras Públicas, Oscar Coca, y el presidente de la ABC, Vladimir Sánchez, están felices pese a que la carretera Trinidad-San Ignacio de Moxos mostró baches y fisuras sólo 24 horas después de su reciente inauguración. La obra costó 618 millones de dólares.

Mientras Leopoldo Fernández está privado de libertad desde 2008, por supuestamente haber organizado una emboscada que provocó los hechos de Porvenir, sin que existan pruebas en su contra, el ministro Alfredo Rada está libre de cualquier investigación pese a que era titular de Gobierno cuando se produjo el asalto al Hotel Las Américas, en el que tres supuestos terroristas fueron ejecutados sumariamente, según los informes de las autopsias.

Mientras Samuel Doria Medina está bajo arraigo por supuesta “traición” en el caso Focas, pese a que en ese asunto EEUU condonó una deuda con el Estado para que los recursos fueran usados con un fin social, sobre el ministro de Justicia, Héctor Arce, no pesa ninguna investigación, aunque bajo su supervisión una funcionaria entregó una computadora con información privilegiada a representantes de la empresa chilena Quiborax, que le hizo perder a Bolivia 42,6 millones de dólares.

Mientras Carmelo Lens fue acusado y estuvo encarcelado en Trinidad a sola denuncia de un simpatizante oficialista y exfuncionario de la gobernación, quien lo acusó de haber usado irregularmente una camioneta de esa entidad, el dirigente de los choferes, Mario Silva Coya, que recibió millonarias transferencias irregulares en su cuenta particular provenientes de peajes de carreteras, fue invitado por el MAS a ser candidato a diputado.

Mientras el alcalde de La Paz, Luis Revilla, es sindicado de no haber supervisado adecuadamente el trabajo del relleno sanitario de Alpacoma, la exministra Nemecia Achacollo, quien no supervisó el escándalo de corrupción del Fondioc, de 300 millones de dólares, está libre y tranquila.

Mientras el expresidente Jorge Tuto Quiroga debió firmar un libro en la fiscalía durante años debido a que en su gestión se firmaron los acuerdos que permitieron tener las reservas del campo Aquío-Incahuasi, Guillermo Achá, expresidente de YPFB, acusado entre otras irregularidades del caso Taladros, está libre.

Mientras el dirigente cocalero, Franclin Gutiérrez, actual preso político, está detenido sin pruebas de ser el autor intelectual de la muerte de un policía en Yungas, el ministro de gobierno, Carlos Romero, no está bajo ninguna investigación pese a que sus órdenes pueden ser consideradas como las que terminaron desencadenando la muerte del viceministro Illanes.