Redacción central / Cambio - Edición impresa

Para el abogado constitucionalista Iván Lima, las propuestas de cambio o reestructuración de los administradores de justicia son ideas descabelladas que van en contra de la Constitución Política del Estado y que de aplicarlas podrían significar un golpe muy duro para el sistema judicial boliviano.

Explicó que las actuales autoridades judiciales fueron elegidas por un período de seis años y que deben cumplir sus funciones hasta 2023, por lo que es inviable pensar en hacer un cambio faltando —en el caso de que ganaran las elecciones de este año— poco más de un año para que terminen su mandato en 2025.

Entre las propuestas, explicó, está la de Comunidad Ciudadana (CC) que plantea “mecanismos extraordinarios para anular las decisiones, sentencias, resoluciones y procedimientos, que dejando de lado la Constitución, respondan a intereses espurios del gobierno de turno y de aquellas que sean violatorias de los derechos humanos y fundamentales de las personas. Garantizaremos justicia a los ciudadanos y a las víctimas del abuso de poder, manteniendo como regla las otras decisiones para garantizar simultáneamente la seguridad jurídica”.

“Crearán un mecanismo extraordinario que estará por encima del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, por encima de la Fiscalía y que no está en el diseño constitucional (…). La propuesta que nos hacen es inconstitucional, no se puede destituir a ninguno de los magistrados si no es con juicio de responsabilidades”, aclaró Lima.

El segundo parágrafo del artículo 183 de la CPE señala que “Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley”.

“No hay una explicación al mecanismo extraordinario —prosiguió Lima— que no sea la fuerza de hecho, que no sea un presidente que imponga mediante decreto  vaciar a las cortes, destituir al fiscal general y establecer a la fuerza una situación de inestabilidad jurídica en el país. La gravedad de la propuesta es extrema, están diciendo que dejarán sin efecto sentencias constitucionales, que no habrá seguridad jurídica en este país”.

Asimismo, explicó que ya existen los mecanismos para mejorar la justicia en el país, pero lo que falta es el compromiso por parte de las autoridades que administran este poder, por lo que se debe trabajar en mejorar los sistemas de control para que existan personas más comprometidas con la lucha contra los ilícitos en Bolivia.

Juicio contra Martínez

Por otra parte, el abogado se refirió al juicio anunciado por parte del abogado del expresidente y actual candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos de Mesa, en contra del periodista Emilio Martínez, quien además de develar que Gonzalo Sánchez de Lozada le pagó $us 1,2 millones para postular a la vicepresidencia en 2002, también publicó que PAT —canal que estuvo a cargo de De Mesa— recibió $us 800 mil entre 2002 y 2003.

La denuncia, de acuerdo con un comunicado de CC, está firmada por Ximena Valdivia, entonces gerente del canal, y acusa tanto a Martínez como a la directora general de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, de usar documentos privados que supuestamente habrían sido obtenidos de manera ilícita.

“Emilio Martínez hizo una labor periodística y definitivamente está protegido tanto por la Ley de Imprenta como por toda la normativa que se aplica cuando se hace este tipo de trabajo. Por tanto (…), Carlos (de) Mesa nos está diciendo que hay periodistas de primera y de segunda, periodistas que tienen derecho a la Ley de Imprenta y periodistas que no lo tienen”, señaló.

“Hay algo de lo que debemos estar conscientes los bolivianos: el secreto bancario no protege a la corrupción, a la trata de personas, al narcotráfico, no protege al crimen organizado. La UIF puede actuar de oficio desde que tenemos la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, para denunciar todos los hechos en los cuales exista legitimación de ganancias ilícitas”, concluyó.