Ocurre que por arte de birlibirloque, el tema marítimo se ha convertido en una bandera política cuyo único objetivo y cuya premisa fundamental es garantizar la perpetuación de Morales en el poder. La manipulación de la causa le quita toda legitimidad, y un eventual éxito de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia representa automáticamente un éxito político de Morales. Quien aceptó una responsabilidad en esta tarea es un cómplice y, peor aún, quien lo acompaña en los alegatos orales de La Haya no es otra cosa que un tonto útil que, dándole la espalda a la defensa de los valores democráticos expresados en el referéndum, contribuye a la perpetuación del autoritario gobernante.

Tal afirmación no merecería mayores consideraciones si no fuera evidente que una parte de la opinión pública parece haber creído que, en efecto, la defensa de ambos principios es incompatible. 

Empecemos por decir que la demanda de Bolivia se presentó en 2013, hace cinco años. Un momento en el que era prácticamente imposible adivinar el contexto socio político que viviría el país en 2018, tiempo de su desenlace. Fue concebida y desarrollada por un equipo multidisciplinario del más alto nivel que contó con historiadores, abogados y políticos que dieron lo mejor de sí para lograr, a partir del sólido trabajo diplomático llevado a cabo durante más de 100 años por nuestros antecesores, un documento de extraordinaria coherencia y solidez.
La base de este salto cualitativo de dimensión histórica, fue comprender que la causa marítima solo llegará a buen puerto si es asumida como una política de Estado. Así lo asumimos quienes nos comprometimos sin reserva alguna con la acción del Estado representado en este caso por el actual Gobierno. Es el único modo de aceptar, por ejemplo, porqué acepte ser el Representante Oficial de Bolivia para la demanda en el ámbito comunicacional.

Cualquiera sea la circunstancia que enfrentemos en política interna, esa posición es y será invariable hasta que este proceso jurídico concluya. El compromiso con el tema más importante de nuestra política exterior no puede estar condicionado por afectos o desafectos, por buenas o malas razones, solo puede estar signado por la trascendencia que tiene una cuestión planteada en 1910 por Daniel Sánchez Bustamante cuando colocó como divisa la reivindicación nacional de un acceso soberano al mar como un imperativo para cada boliviano.

Este compromiso, por supuesto, no puede inhibir ni inhibe nuestra clara posición de defensa militante del respeto al resultado del 21 de febrero, que le dijo un No categórico a la intención del presidente de ser reelegido indefinidamente. No solo eso, el respeto a las normas internacionales y nacionales que reclama a nuestro vecino, debiera ser una premisa para él mismo. No se puede demandar a los demás lo que no se está dispuesto a cumplir personalmente.

Mi posición con relación a este segundo tema ha sido y es inequívoca. El cumplimiento del veredicto del pueblo soberano en el referéndum que le dijo No a la modificación de la Constitución, es obligatorio. El fallo del Tribunal Constitucional es una vergüenza, no solo por su contenido, sino también por la forma en la que fue impuesto y por el absoluto desprecio de las instituciones democráticas expresadas por el Poder
Ejecutivo. La defensa del voto popular y la exigencia de la anulación de una decisión que ha roto el orden democrático, es un mandato para cualquier ciudadano con un compromiso profundo con esta forma de convivencia en una sociedad que se respete a sí misma.

No es ni justo ni sensato pretender que una cosa es contradictoria o antagónica con la otra. Ambas van por caminos separados. El argumento de que el Gobierno usará un eventual y deseado éxito boliviano en La Haya (probablemente en un fallo que se conocerá en el último cuatrimestre del 2018), nos llevaría a quienes defendemos el 21F a desear el fracaso del país para evitar esa posible manipulación política. Tal afirmación  es absurda, como es absurdo dividir a los políticos bolivianos entre quienes van a La Haya y quienes se quedan. 

A los seres humanos se los juzga por toda una vida, por lo que esta ha hecho de palabra y obra en el caso que nos ocupa, vinculada con el compromiso por la democracia y sus valores.

En este contexto lo que cabe es apoyar sin reticencia alguna nuestra causa marítima con la misma fuerza que defendemos el respeto a la democracia y a la inalienable voluntad popular, que ha dicho un No rotundo a un proyecto de cariz totalitario.