De hecho, nos hallamos inmersos ante las próximas elecciones nacionales; pero, ante el Derecho, hay mucho que objetar y mucho que enderezar para enfrentarnos a una contienda verazmente democrática, igualitaria e imparcial. La reyerta electoral de octubre, para ser considerada democrática, habrá de ceñirse en todos los detalles  a la Constitución Política del Estado, ley fundamental, suprema norma, de aplicación preferente frente a cualquier otra norma y a cualquier interpretación que haga de sus prescripciones. 

Vale recordar que el 21 de febrero de 2016, en un acto plebiscitario, legal y legítima por todos sus costados, la mayoría soberana, el pueblo como titular, dijo No a todo intento de reforma constitucional para la perpetuación del Gobierno y su re, re elección, ratificando, de contrario, la alternancia en el ejercicio del poder. Se dijo con insistencia, antes y después del acto plebiscitario, que el Gobierno respetaría la voluntad expresada en las urnas. El Presidente hizo conocer su voluntad de retirarse a su cuartel tropical; el otro se dedicaría a la cátedra universitaria y a leer libros. Tales expresiones fueron vertidas mientras montaban tramoyas con su aparato judicial, por cierto presto a servirlos, tendientes a obtener un fallo en la medida de su interés. Los hechos apuntados se hallan grabados en forma indeleble en la conciencia de los bolivianos, de ahí que con insistencia y en cada circunstancia los ciudadanos insistan en el cumplimiento del resultado dado en las urnas y en un acto inobjetable. La respuesta gubernamental, ante el rechazo popular, siempre fue inconsistente en todos los ámbitos, adjetivos más o justificaciones menos; empero, nunca se llegó al extremo de calificar al evento de consulta ciudadana y su resultado con los términos que el actual candidato oficialista utiliza. Según registra la prensa, “Evo Morales aseguró que respetar los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 es ‘respetar la mentira’, porque ese proceso electoral fue "algo indigno". Habrá que puntualizar, frente a tal afirmación, que es de total irrespeto y menosprecio al conjunto de ciudadanos, el cual supuso que el país se reglaba por leyes, y que el decoro y  la moral constituían obligaciones gubernamentales; pensó, ilusoriamente, que los años de desprecio a la voluntad del ciudadano eran cuestiones del pasado dictatorial vergonzante, supuso que haciendo uso de un derecho y cumpliendo una obligación legal y de conciencia, sin subastar su espíritu, con dignidad irreprochable, sus gobernantes acatarían el resultado, jamás imaginaron que por ese apego a la ley  serian llamados indignos. 

Quizás, es de suponer, que el Mandatario y candidato ilegal e ilegítimo, quiso decir que el resultado del acto de referencia era un acto de indignación, en cuyo caso sobrada razón tendría. Hoy como ayer, el pueblo se apresta a reiterar su negativa como lo hizo en las urnas hace tres años, el pueblo, con la sabiduría natural, que le es consubstancial, se manifestará nuevamente en las calles y reiterará lo dicho por Nelson Mandela: “Cualquier hombre o institución que trate de despojarme de mi dignidad, fracasará”.